El Congreso del Estado de México aprobó reformas a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos que consagran el derecho a contar con asientos ergonómicos en espacios laborales. Esta medida, conocida como la “Ley silla”, tiene como objetivo mejorar la salud, dignidad y eficiencia de quienes trabajan en atención al público y otras áreas operativas.
Reforma para condiciones laborales dignas
La reforma, impulsada por la diputada Maricela Beltrán Sánchez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, modifica el marco legal vigente para establecer como obligación de todas las instituciones públicas la dotación de sillas con respaldo al personal operativo. Estas sillas deberán estar ubicadas en áreas específicas dentro de las instalaciones, ya sea para facilitar el trabajo o permitir descansos periódicos durante la jornada.
La medida surge como respuesta a condiciones que obligaban a muchas personas servidoras públicas a mantenerse de pie durante extensas horas, afectando su salud física y su bienestar general. La nueva disposición reconoce que el descanso breve y la ergonomía laboral son elementos clave para una administración pública eficiente y humana.
Beneficiarios directos de la “Ley silla”
Entre el personal beneficiado se encuentran trabajadores y trabajadoras en áreas como atención ciudadana, limpieza, seguridad, orientación en espacios públicos y ventanillas. En el sector central de la administración estatal laboran más de 159 mil personas, muchas de ellas sujetas a jornadas prolongadas de pie. Esta reforma representa un avance importante en la garantía de derechos laborales para este sector.
El dictamen aprobado destaca que garantizar mobiliario adecuado no solo mejora el entorno laboral, sino que también reduce incapacidades médicas y mejora la productividad. La diputada Beltrán subrayó que esta medida es tanto un acto de justicia como una decisión inteligente desde el punto de vista administrativo.
Plazo de implementación
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ayuntamientos y órganos autónomos, contarán con un plazo de hasta 90 días naturales para hacer los ajustes materiales necesarios y cumplir con la reforma. Este periodo permitirá realizar adecuaciones en mobiliario y espacios de trabajo sin interrumpir los servicios públicos.
La iniciativa enfatiza que la reforma no implica un gasto excesivo, sino una inversión estratégica en bienestar laboral, con beneficios tangibles en salud, moral y eficiencia institucional.
