El Congreso del Estado de México avanza hacia la mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos. La diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) presentó la iniciativa denominada ‘Ley Silla’, la cual busca garantizar el acceso a asientos ergonómicos para quienes realizan sus labores de pie. La propuesta ha recibido respaldo multipartidista y podría impactar a más de 159 mil trabajadores en el sector público estatal.
Respaldos y objetivos de la ‘Ley Silla’
Durante una reunión de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura, la diputada Maricela Beltrán enfatizó la necesidad de proteger la salud de las y los servidores públicos. Señaló que, actualmente, miles de empleados pasan la mayor parte de su jornada de pie o cuentan solo con bancos inadecuados.
El objetivo principal de la iniciativa es reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Se busca que cada área de trabajo cuente con suficientes sillas con respaldo, accesibles durante los descansos periódicos. La medida responde a principios de dignidad humana, protección de derechos humanos y condiciones laborales justas y equitativas.
Apoyos multipartidistas
El diputado Ernesto Santillán Ramírez subrayó que la iniciativa asegura condiciones mínimas de ergonomía. “Consolida la justicia laboral para quienes laboran en las 23 dependencias federales, 18 estatales, órganos descentralizados y otros entes públicos”, destacó.
Por su parte, la diputada Mercedes Colín Guadarrama (PRI) propuso especificar que en los casos en que la función deba realizarse de pie, los trabajadores cuenten con sillas de fácil acceso para un trabajo más confortable.
La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) abogó por que la obligatoriedad de proporcionar estos asientos quede firmemente establecida en la ley. “Debe alinearse con la Ley Federal del Trabajo y las normas ya vigentes a nivel federal”, añadió.
Implementación de la reforma
De aprobarse, la reforma exigirá a cada institución pública modificar sus reglamentos laborales en un máximo de 60 días naturales. El objetivo es regular el derecho al uso de sillas con respaldo durante la jornada laboral.
Además, la Oficialía Mayor y los 125 ayuntamientos del estado deberán hacer los ajustes materiales necesarios en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto.
