Este año, el Estado de México conmemoró por primera vez el Día de la Libertad de Expresión sin penalizar críticas hacia autoridades e instituciones públicas.
El cambio se dio tras la decisión de la LXII Legislatura mexiquense de eliminar el delito de ultrajes del Código Penal en febrero de 2025. Esta figura jurídica limitaba el ejercicio pleno de la libertad de expresión, castigando con penas de prisión las críticas o expresiones consideradas ofensivas.
La reforma responde a las recomendaciones internacionales en derechos humanos y fortalece las garantías constitucionales.
¿Por qué se eliminó el delito de ultrajes?
El delito de ultrajes, vigente hasta principios de este año, sancionaba con hasta dos años de cárcel las expresiones o actos considerados ofensivos contra instituciones públicas. También contemplaba penas de hasta un año de prisión si el supuesto ultraje se dirigía a personas servidoras públicas.
La iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) y respaldada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, buscaba erradicar una disposición que criminalizaba el ejercicio legítimo de la crítica.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este tipo de delitos resultan incompatibles con los principios de legalidad y seguridad jurídica. La SCJN ya había declarado inconstitucional una figura similar en el Código Penal del Estado de Veracruz en 2022.
¿Qué implicaciones tiene esta reforma para los derechos humanos?
El avance fue reconocido por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su cuenta de la red social X (@ONUDHmexico), la oficina destacó que la reforma cumple con las recomendaciones internacionales en la materia.
“Saludamos este avance del @legismex y reconocemos a las instancias que lo impulsaron”, señaló el organismo el pasado 6 de febrero.
Además, instó a otras entidades que aún mantienen delitos contra el honor a eliminarlos. Estos delitos suelen utilizarse para criminalizar a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos.
Con esta decisión, el Estado de México garantiza el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas sin censura previa. Refuerza así el compromiso de proteger a periodistas y a quienes defienden los derechos fundamentales.
¿Qué significa este cambio para la sociedad mexiquense?
La derogación del delito de ultrajes representa un avance significativo para la democracia en el Estado de México. La medida asegura que ninguna persona pueda ser encarcelada por expresar críticas hacia el gobierno o sus instituciones.
Esta acción fortalece la confianza en el ejercicio libre de la prensa y en el derecho a la participación ciudadana. También coloca al Estado de México como referente en la implementación de estándares internacionales en libertad de expresión.
Se espera que este ejemplo impulse reformas similares en otras entidades del país, donde aún persisten figuras legales que restringen este derecho fundamental.
