Las comisiones del Congreso del Estado de México aprobaron un dictamen que plantea penas de hasta 36 años de prisión por violencia ácida o química contra mujeres, además de atención médica especializada y reparación integral del daño.
La propuesta todavía forma parte del proceso legislativo: lo aprobado corresponde al dictamen en comisiones para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
¿Cuándo podría alcanzar 36 años la pena por violencia ácida?
El dictamen avalado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense establece nuevas sanciones para las lesiones provocadas intencionalmente mediante ácidos y otras sustancias.
Para ataques contra una mujer, niña o adolescente, la propuesta contempla hasta 15 años de prisión y de 200 a 500 días multa.
La sanción podría alcanzar 20 años de cárcel y de 300 a 700 días multa cuando la agresión provoque:
- Desfiguración permanente en cara, cabeza, cuello, mamas o genitales.
- Pérdida o disminución definitiva de la función de un órgano.
- Pérdida o disminución definitiva de un sentido.
Las penas previstas aumentarían cuando el responsable sea una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o exista con la víctima una relación de parentesco, convivencia, sentimental, afectiva, laboral, docente, subordinación, confianza, responsabilidad o cuidado.
En determinados supuestos, las penas podrían llegar a 22.5 o 30 años de prisión, según las lesiones y agravantes.
La pena máxima podría alcanzar 36 años cuando se considere además la sanción establecida actualmente para lesiones que ponen en peligro la vida de la víctima y concurran los supuestos previstos en la reforma.
El delito se perseguiría de oficio
El proyecto establece que los casos comprendidos dentro de las agravantes señaladas serían perseguidos de oficio, por lo que la actuación de las autoridades no dependería únicamente de una denuncia de la víctima.
Actualmente, el Código Penal estatal contempla penas por lesiones que van desde tres meses hasta seis años de prisión, dependiendo de su gravedad.
¿Qué se considera violencia ácida o química?
La reforma propone incorporar a la legislación estatal el concepto de violencia ácida o química.
Comprendería las acciones en las que se utilicen ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, compuestos químicos, líquidos a altas temperaturas, álcalis, gases, explosivos, reactivos u otras sustancias análogas para provocar daño.
La definición contempla afectaciones como desfiguración, discapacidad, dolor o sufrimiento, así como los casos en los que se exponga a una mujer a esos riesgos o se ponga en peligro su vida.
Víctimas tendrían derecho a atención médica y reparación integral
El dictamen no se limita al aumento de las penas. También contempla obligaciones para garantizar atención médica especializada a las víctimas.
La reparación integral podría incluir:
- Cirugías reconstructivas.
- Rehabilitación física y psicológica.
- Prótesis.
- Tratamientos médicos especializados y de largo plazo.
- Compensación por lucro cesante.
- Otras medidas necesarias para la recuperación integral.
Las autoridades estatales y municipales también tendrían que garantizar atención especializada, cirugía reconstructiva, cirugía estética funcional, rehabilitación y suministros necesarios de manera gratuita, oportuna y continua.
Hospitales tendrían nuevas obligaciones
El personal de salud que atienda lesiones provocadas por agentes químicos o corrosivos estaría obligado a brindar atención inmediata y prioritaria.
También tendría que conservar la evidencia clínica y biológica pertinente y notificar inmediatamente al Ministerio Público.
La omisión de este aviso podría generar sanciones conforme al Código Penal estatal, independientemente de las responsabilidades administrativas correspondientes.
Además, las autoridades competentes deberían ordenar, cuando sea necesario, el traslado inmediato de las víctimas a unidades médicas de alta especialidad.
¿Qué pasa con ataques contra hombres?
El dictamen también establece sanciones cuando las lesiones con ácidos, sustancias corrosivas o agentes similares sean cometidas contra hombres.
En estos casos se plantean penas de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa.
Al considerar las disposiciones que actualmente sancionan las lesiones de acuerdo con su gravedad, la pena máxima podría llegar hasta 16 años de cárcel, de acuerdo con el proyecto aprobado en comisiones.
¿Quién impulsó las reformas contra la violencia ácida?
El dictamen deriva de iniciativas presentadas por las diputadas Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de Morena; la bancada del PRD, coordinada por Omar Ortega Álvarez, y la Fundación Carmen Sánchez.
Durante la discusión legislativa, Cedillo expuso que, de acuerdo con información de la Fundación Carmen Sánchez, en 85% de los casos registrados por la organización el agresor fue la pareja o expareja de la mujer atacada.
Las activistas Carmen Sánchez, sobreviviente de violencia ácida, y Ximena Canseco Michel destacaron que la respuesta institucional debe ir más allá de incrementar las penas.
Plantearon la necesidad de garantizar atención médica especializada y continua, tratamientos psicológicos, asistencia social y condiciones que permitan a las sobrevivientes recuperar su autonomía y proyecto de vida.
Señalan pendientes en la propuesta
La diputada Araceli Casasola Salazar, del PRD, respaldó el avance del dictamen, pero señaló que quedaron fuera algunos planteamientos.
Entre ellos mencionó medidas específicas de rehabilitación psicosocial, apoyos para integración laboral y educativa, mecanismos sobre la venta de sustancias corrosivas y sanciones por posibles negligencias administrativas.
Las legisladoras que participaron en la discusión señalaron que la legislación podría continuar modificándose posteriormente.
¿La pena de 36 años ya está vigente en el Estado de México?
No. Lo aprobado el 28 de septiembre de 2026 fue el dictamen en comisiones del Congreso mexiquense.
Por ello, las sanciones de hasta 36 años deben entenderse como parte de las reformas que avanzan en el proceso legislativo, no como una pena que ya haya entrado en vigor por esta aprobación en comisiones.
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