El Congreso del Estado de México avanza en el fortalecimiento del marco legal contra el delito de despojo. Las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia aprobaron reformas que imponen penas de hasta 25 años y seis meses de prisión, además de sanciones económicas, para frenar actos ilegales cometidos con intervención dolosa de autoridades y particulares.
Reforma integrada por propuestas de Morena y Movimiento Ciudadano
La iniciativa resultó de la fusión de propuestas presentadas por los diputados Octavio Martínez Vargas y José Miguel Gutiérrez Morales, ambos de Morena, junto con la bancada de Movimiento Ciudadano (MC). El dictamen propone sanciones más severas para quienes, con documentos falsos o suplantaciones, formalicen actos jurídicos para despojar inmuebles.
Se considerará agravante cuando participen notarios, autoridades estatales o municipales, o cuando el delito se realice contra personas vulnerables. La pena máxima se aplicará si el acto se formaliza ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) usando documentos apócrifos, o si colabora un notario de forma dolosa.
Protección a personas vulnerables y bienes públicos
Las reformas establecen agravantes cuando la víctima sea adulto mayor, menor de edad, persona embarazada, con discapacidad, o perteneciente a comunidades indígenas. También se endurecen sanciones si el despojo implica violencia física o moral, o si se comete mediante allanamiento con violencia.
De igual forma, se aplicarán penas cuando el acto afecte bienes públicos o áreas naturales protegidas, o si se utiliza el desvío de agua en perjuicio de terceros. El Código Penal actualizará la definición del delito, considerando como despojo cualquier impedimento material al disfrute legítimo de un inmueble, sin importar si la posesión se encuentra en disputa.
Legisladores piden revisión de la Fiscalía estatal
Durante la deliberación, los diputados Vladimir Hernández Villegas y Selina Trujillo Arizmendi señalaron la participación del crimen organizado en estos actos. Además, urgieron una revisión profunda del actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para garantizar que las reformas se apliquen de manera efectiva.
El caso de Carlota “N”, mujer de 74 años que cometió homicidio tras intentar recuperar su propiedad, sirvió como referente para destacar la urgencia de estas modificaciones.
Rechazo a cambios en lenguaje inclusivo y de género
En la misma sesión, se rechazaron propuestas de las legisladoras Miriam Silva Mata y Ruth Salinas Reyes, quienes buscaron ampliar o modificar el lenguaje en torno a mujeres y personas gestantes. La diputada Yesica Yanet Rojas Hernández defendió que la redacción actual ya contempla agravantes de forma específica para mujeres embarazadas.
