El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal para imponer sanciones de hasta 24 años de prisión a quienes provoquen intencionalmente accidentes viales con fines de extorsión, práctica conocida como la de los “montachoques”.
Delito de extorsión con agravantes
Durante la sesión deliberante del Pleno de la LXII Legislatura, se avaló que esta conducta sea tipificada como extorsión. El delito ya contemplaba penas de hasta 12 años de cárcel, pero la reforma introduce agravantes que duplican la sanción si la víctima es una persona adulta mayor, con discapacidad, mujer o en situación de vulnerabilidad. En esos casos, la pena podrá alcanzar hasta 24 años de prisión y 3 mil días multa.
Impulso legislativo contra la impunidad
El diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, promovió la iniciativa y destacó que este tipo de actos delictivos se han incrementado en los últimos años, generando temor y afectaciones económicas en las zonas urbanas del estado. Subrayó que el Estado de México se posiciona entre las primeras entidades del país en legislar al respecto.
En la exposición de motivos, señaló que grupos organizados simulan accidentes para exigir pagos a los conductores, utilizando amenazas y engaños. Esta conducta, según el dictamen, también puede derivar en daños materiales, lesiones y pérdidas patrimoniales.
Un paso hacia mayor seguridad vial
Emma Laura Álvarez Villavicencio, legisladora del PAN y presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, leyó el dictamen que señala la urgencia de frenar esta modalidad delictiva. Se destaca que el objetivo de la reforma es disuadir estas prácticas, mejorar la seguridad vial y garantizar el derecho de las personas a transitar de forma segura.
El parlamentario Mariano Camacho San Martín, del PRI, también reconoció la importancia de legislar contra los “montachoques”, destacando que entidades como Ciudad de México y Morelos ya han adoptado medidas similares.
Una medida necesaria ante una práctica en aumento
La aprobación de esta reforma representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión vial. Al establecer sanciones más severas, el Congreso mexiquense busca proteger a las personas más vulnerables y desalentar una práctica delictiva en crecimiento, fortaleciendo así el marco legal para una convivencia más segura en las calles del estado.
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