Diputadas de los grupos parlamentarios de morena, PT y PAN respaldaron las propuestas del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) para tipificar en el Estado de México los delitos de montachoques, usura y fabricación de ilícitos. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de estas tres iniciativas que buscan frenar la impunidad, proteger a las víctimas y reforzar la certeza jurídica en la entidad.
Montachoques: extorsión encubierta en accidentes
Martínez Vargas explicó que los montachoques constituyen una modalidad de extorsión en la que delincuentes provocan accidentes automovilísticos de forma intencional para intimidar a las víctimas y obtener dinero. Este delito se ha registrado con frecuencia en municipios como Toluca, Naucalpan y Ecatepec.
El legislador propuso sanciones de hasta 24 años de prisión y multas de tres mil días, con agravantes cuando las víctimas sean personas de grupos vulnerables.
Usura: préstamos abusivos sin regulación
En cuanto a la usura, el diputado morenista advirtió que se trata de préstamos con intereses excesivos y condiciones poco transparentes. La legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) apoyó su tipificación como delito autónomo, al considerar que la práctica afecta gravemente a familias mexiquenses.
La diputada planteó que su penalización permitiría abrir investigaciones formales, además de incorporar agravantes para proteger a mujeres jefas de familia, adultos mayores, comunidades indígenas y personas en pobreza.
Por su parte, la panista Emma Laura Álvarez Villavicencio señaló que su bancada también respalda la tipificación, pero insistió en que debe acompañarse de inversión institucional, capacitación policial, infraestructura tecnológica y acciones contra la corrupción.
Fabricación de delitos: freno a la criminalización injusta
Sobre la tercera iniciativa, Octavio Martínez advirtió que la fabricación de delitos mina la confianza ciudadana en el sistema de justicia, al exponer a inocentes a procesos penales injustos. Propuso sancionar esta práctica como delito autónomo.
La diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) destacó que la propuesta es relevante porque las personas con menos recursos son las más afectadas al carecer de defensa legal adecuada. Llamó a enriquecer el proyecto para garantizar su efectividad.
Las tres iniciativas buscan reformar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Su aprobación podría representar un paso decisivo para combatir la impunidad, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar mayor confianza en el sistema de justicia mexiquense.
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