El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa conocida como “Ley silla”. Esta reforma otorga a los trabajadores del sector público el derecho a contar con sillas con respaldo y de fácil acceso durante sus jornadas laborales. La medida fue impulsada y respaldada por el diputado morenista Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense.
Vázquez afirmó que la iniciativa representa un avance clave hacia la justicia laboral. Subrayó que esta acción busca beneficiar especialmente a los sectores históricamente desatendidos dentro de la administración pública.
Apoyo unánime de todas las bancadas legislativas
La LXII Legislatura estatal, compuesta por representantes de morena, PT, PVEM, PRI, PAN, MC, PRD y una diputada independiente, respaldó de manera conjunta la propuesta. Esta unidad legislativa fortalece la legitimidad de la reforma, que impactará directamente a 159 mil 799 personas que laboran en el sector central del gobierno estatal.
“El Congreso mexiquense continúa impulsando reformas que atienden necesidades reales de la población trabajadora”, expresó Vázquez.
Alcances de la reforma: salud y condiciones dignas
La reforma modifica la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Establece el derecho a disponer de asientos adecuados para el desarrollo de labores o descanso periódico. También obliga a las instituciones a proporcionar estos recursos en cantidad suficiente y a establecer espacios designados para su uso durante las pausas laborales.
El objetivo es prevenir daños físicos derivados de permanecer de pie por periodos prolongados. Entre los riesgos identificados se encuentran várices, tensión muscular, y afecciones en articulaciones, columna, caderas, rodillas y pies.
Plazo de implementación y responsabilidades institucionales
Los poderes públicos, ayuntamientos y órganos autónomos disponen de un plazo de hasta 90 días naturales para realizar los ajustes necesarios. Esta disposición busca asegurar la pronta implementación del derecho sin afectar la operación institucional.
La medida refuerza el compromiso del Congreso con la creación de entornos laborales más humanos y saludables. Según el legislador, estas condiciones básicas son esenciales para garantizar la equidad y eficiencia dentro de la administración pública.
