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La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México ordenó repetir el procedimiento judicial contra una mujer mazahua sentenciada a 72 años y un mes de prisión, tras detectar que no se garantizó su derecho a una defensa adecuada con asistencia de intérprete.
Durante su cuarta sesión itinerante pública, celebrada en Lerma, Estado de México, las magistradas y los magistrados también confirmaron la libertad de una persona de la comunidad otomí acusada de robo con violencia, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal.
Ambas resoluciones fueron aprobadas por unanimidad y buscan fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos originarios, mediante el respeto a sus derechos lingüísticos, culturales y procesales.
¿Por qué ordenaron repetir el juicio de una mujer mazahua condenada a 72 años?
Uno de los asuntos más relevantes de la sesión correspondió a una mujer de aproximadamente 60 años, integrante del pueblo mazahua y originaria de Santa María del Llano, municipio de Ixtlahuaca.
La mujer había recibido una condena de 72 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
Sin embargo, al revisar el expediente, la Sala de Asuntos Indígenas identificó irregularidades relacionadas con su derecho a una defensa adecuada.
Entre las deficiencias señaladas se encuentran:
- No se garantizó una defensa adecuada con perspectiva intercultural.
- No se acreditó que sus defensores conocieran su lengua, usos y costumbres.
- No se demostró que contara con asistencia de una persona intérprete durante el procedimiento.
- No se acreditó que su representación legal tuviera conocimiento suficiente de los derechos de su comunidad indígena.
Ante estas circunstancias, las magistradas y los magistrados aprobaron por unanimidad la reposición del procedimiento judicial, para que el caso sea nuevamente procesado con las garantías correspondientes.
La resolución no representa una absolución automática ni determina la inocencia de la mujer, sino que busca garantizar que el proceso se lleve a cabo respetando sus derechos fundamentales.
¿Qué resolvió la Sala sobre una persona otomí acusada de robo con violencia?
El segundo asunto analizado estuvo relacionado con una persona integrante de la comunidad otomí que había sido absuelta de una acusación por robo con violencia.
Tras estudiar las pruebas presentadas, la Sala determinó que no se acreditó su responsabilidad penal, por lo que confirmó la resolución que mantenía su libertad.
Esta decisión reafirma la importancia de la presunción de inocencia y de que cualquier sentencia condenatoria esté sustentada en pruebas suficientes.
Ambos casos fueron abordados desde una perspectiva intercultural, considerando las condiciones particulares de las personas pertenecientes a comunidades indígenas.
Poder Judicial del Edomex acerca la justicia a las comunidades indígenas
La cuarta sesión itinerante pública se realizó en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, ubicado en el municipio de Lerma.
En un videomensaje, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, destacó que estas actividades permiten a la ciudadanía conocer directamente cómo se analizan y resuelven los asuntos judiciales.
“Las sesiones públicas de la Sala de Asuntos Indígenas permiten que todas y todos conozcan cómo se delibera, se analiza un asunto y se decide”, expresó.
El magistrado reconoció el trabajo de la Sala, encabezada por Erika Icela Castillo Vega, y agradeció al presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, por su colaboración para realizar el encuentro.
Justicia que respete la lengua y la identidad de los pueblos originarios
Durante su intervención, Castillo Vega destacó que las instituciones judiciales deben garantizar que las personas indígenas puedan comprender los procedimientos en los que participan.
“Ninguno de ustedes tiene que renunciar a su lengua, a su identidad o a sus usos y costumbres para ser escuchado. Ustedes merecen una justicia que hable su lengua, una justicia que ustedes comprendan”, señaló.
La magistrada estuvo acompañada por las y los integrantes de la Sala: María Rosalba Briseño Alvarado, Verónica Carrillo Carrillo, Arturo Márquez González y Lawrence Eliseo Serrano Domínguez.
La sesión tuvo como propósito acercar la impartición de justicia a las comunidades originarias y fortalecer el reconocimiento de sus derechos.
¿Qué importancia tiene contar con intérprete durante un juicio?
El acceso a una defensa adecuada es un derecho fundamental de cualquier persona sometida a un procedimiento penal.
En el caso de integrantes de pueblos indígenas, la Constitución mexicana reconoce garantías específicas para que puedan comprender los procesos judiciales y ejercer plenamente sus derechos.
El artículo 2 constitucional contempla el derecho a ser asistidos por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.
Esto resulta especialmente relevante cuando una persona enfrenta acusaciones que pueden derivar en penas prolongadas de prisión.
La falta de asistencia lingüística o de una defensa adecuada puede afectar la validez de actuaciones judiciales, dependiendo de las circunstancias del caso.
Edomex y Oaxaca cuentan con salas especializadas en asuntos indígenas
Durante el encuentro también participó Margarita Leonor Gopar Pérez, presidenta de la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
De acuerdo con la información institucional difundida sobre la sesión, el Estado de México y Oaxaca son las dos entidades señaladas como poseedoras de órganos judiciales especializados de esta naturaleza.
Por su parte, Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, destacó que garantizar justicia a las comunidades indígenas requiere personal capacitado, herramientas especializadas y recursos suficientes.
También asistieron representantes del gobierno estatal, autoridades electorales, integrantes del Poder Judicial, legisladores y personas pertenecientes a comunidades originarias.
Con estas sesiones itinerantes, el Poder Judicial mexiquense busca fortalecer la transparencia judicial y acercar sus resoluciones a la población indígena, particularmente en asuntos donde están involucrados derechos culturales, lingüísticos y garantías procesales.
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