La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejercitó acción penal contra 33 ex servidores públicos, servidores públicos y particulares por su presunta participación en una red dedicada a manipular plazas laborales del Gobierno estatal mediante el esquema conocido como “aviadores”.
Hasta el momento, 26 personas ya fueron vinculadas a proceso, una más está pendiente de que se resuelva su situación jurídica y cinco promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión.
Detectan presunto desvío de más de 96 millones de pesos
De acuerdo con la investigación, el esquema habría operado desde 2021, utilizando plazas de docentes y otros cargos para registrar personas que no desempeñaban funciones, pero que recibían salarios con cargo al erario.
La Fiscalía estima que tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026 el daño patrimonial supera los 96 millones de pesos, con pagos quincenales cercanos a los cuatro millones de pesos, además de prestaciones, aguinaldos y bonos.
Exfuncionarios y servidores públicos entre los investigados
Entre los investigados se encuentran dos ex subsecretarios, directores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboraron en dependencias como la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
La Fiscalía indicó que varios de los involucrados mantenían relaciones familiares o de confianza y presuntamente integraban a nuevos funcionarios al esquema cuando asumían cargos estratégicos.
Así operaba el esquema
Las investigaciones señalan que presuntos “reclutadores” captaban familiares, amigos y personas de confianza para registrarlas en plazas oficiales.
Posteriormente, retenían las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios y retiraban el dinero para distribuirlo entre los integrantes de la red. En algunos casos, los llamados “falsos docentes” recibían apenas 6 mil pesos de un pago cercano a 200 mil pesos, mientras el resto del recurso era repartido entre quienes operaban el esquema.
Además, se detectó que las altas de personal se realizaban utilizando documentos incompletos, claves de acceso compartidas y registros en planteles educativos inactivos para evitar ser detectados.
Enfrentan cargos por fraude y abuso de autoridad
Los imputados enfrentan procesos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, por los cuales la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada a 27 personas recluidas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía advirtió que, debido a que las conductas habrían sido repetidas en múltiples ocasiones, las sanciones podrían acumularse por cada alta irregular acreditada durante la investigación.
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