La Universidad Autónoma del Estado de México atraviesa uno de los momentos más delicados e importantes de su historia reciente. La propuesta de reforma a la Ley Universitaria presentada por la rectora Patricia Zarza llega en medio de una comunidad universitaria que desde hace años exige cambios profundos, apertura democrática y una verdadera modernización institucional.
Sobre el papel, la reforma tiene elementos positivos que no pueden ignorarse. Después de más de tres décadas sin una actualización integral, resulta evidente que la UAEMéx necesitaba replantear buena parte de sus estructuras académicas y administrativas para responder a las nuevas realidades sociales.
La propuesta habla de inclusión, bienestar universitario, salud mental, igualdad sustantiva, ciencia abierta y una mayor participación de los espacios universitarios en la toma de decisiones. Son temas pertinentes y necesarios para cualquier universidad pública que pretenda mantenerse vigente en pleno 2026.
También resulta acertado que se abra un proceso de consulta entre estudiantes, docentes y trabajadores. Escuchar a la comunidad siempre será mejor que imponer reformas desde la cúpula.
Sin embargo, el problema de fondo no está únicamente en los conceptos modernos que aparecen en el documento, sino en los temas que deliberadamente parecen quedarse fuera.
La gran ausencia en esta reforma tiene nombre y apellido: transparencia y rendición de cuentas.
Porque una universidad no se transforma solamente hablando de inclusión o participación; también se transforma cuando abre completamente el manejo de sus recursos, transparenta sus procesos internos y establece mecanismos reales para vigilar a quienes ejercen poder.
Y ahí es donde la iniciativa empieza a quedarse corta.
La reforma no profundiza en herramientas claras para combatir opacidad administrativa, posibles redes de privilegios o discrecionalidad en el uso del presupuesto universitario. Tampoco establece con fuerza mecanismos ciudadanos o universitarios independientes que supervisen contratos, recursos, decisiones administrativas o procesos internos.
Mucho menos se observan sanciones contundentes para funcionarios universitarios que incurran en corrupción, abuso de poder, acoso, nepotismo o malas prácticas administrativas.
En otras palabras: se plantea modernizar la universidad… pero sin tocar los cimientos del poder universitario.
Esa omisión no es menor.
Durante años, buena parte del descontento estudiantil dentro de la UAEMéx no ha girado solamente alrededor de temas académicos, sino de la percepción de estructuras cerradas, grupos de control y decisiones tomadas lejos de la comunidad.
Por eso muchos estudiantes esperaban una reforma más profunda, capaz de transformar verdaderamente la relación entre autoridades y universitarios.
La demanda de voto universal para elegir rector o rectora, por ejemplo, sigue prácticamente fuera de la discusión central. Y eso envía un mensaje claro: se puede modificar la estructura… siempre y cuando no cambie demasiado quién conserva el control.
La reforma tiene virtudes. Negarlo sería injusto. Pero también deja la sensación de ser una modernización cuidadosamente calculada para avanzar en ciertos temas sociales sin abrir completamente la caja negra institucional.
Hoy la UAEMéx tiene una oportunidad histórica. No sólo de actualizar su ley, sino de reconstruir la confianza de miles de estudiantes y trabajadores que durante años han pedido una universidad más abierta, transparente y democrática.
Porque al final, cualquier reforma universitaria que no coloque la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas en el centro del debate corre el riesgo de quedarse en algo más simbólico que transformador.
Y las universidades públicas ya no necesitan solamente discursos de cambio. Necesitan instituciones capaces de demostrarlo.
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