El Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México inhabilitó por 10 años a un juez de Primera Instancia, tras confirmar que su actuación vulneró los derechos de niñas y niños al omitir la participación de autoridades encargadas de su protección legal en diversos procedimientos judiciales.
¿Qué sucedió?
La Comisión Permanente Región Toluca, órgano del Tribunal de Disciplina Judicial, resolvió por unanimidad la sanción, al acreditarse que el servidor público excluyó indebidamente al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en casos donde estaban involucrados menores de edad.
La falta de estas instituciones en los procedimientos contraviene mandatos constitucionales que exigen su intervención para garantizar el interés superior de la infancia.
Compromiso con los derechos humanos
El Tribunal subrayó que la protección de los derechos de niñas y niños no puede considerarse un trámite administrativo ni una formalidad procesal. Se trata de una obligación legal y ética que debe ser observada de manera rigurosa en todas las resoluciones judiciales que involucren a menores de edad.
Esta resolución se enmarca en el compromiso del Poder Judicial mexiquense de asegurar que sus integrantes actúen con apego a la ley, la ética y el respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
Sanciones adicionales
Además de la inhabilitación del juez, el Tribunal impuso una amonestación pública a dos secretarios judiciales. Se determinó que su omisión al no informar de manera oportuna a la autoridad competente contribuyó a la afectación de los derechos de la infancia.
Estos funcionarios seguirán en funciones, pero su conducta quedó registrada como una falta disciplinaria.
La inhabilitación del juez y las sanciones a los secretarios judiciales marcan un precedente relevante dentro del Poder Judicial del Estado de México. La resolución reafirma que cualquier violación a los derechos de la infancia será investigada y sancionada con firmeza, garantizando el respeto al marco constitucional y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones judiciales.
