En Almoloya de Juárez, queda claro que no todos los cumpleaños se recuerdan por el pastel. Algunos, según denuncias formales, pasan directo a los archivos de la Fiscalía. Y otros más, además, vienen acompañados de comunicados solemnes, llamados a la paz y un oportuno “yo ya no estaba ahí”.
La historia ya es conocida: una convivencia privada por el cumpleaños del presidente municipal, Adolfo Solís Gómez; un salón de fiestas; música, brindis y sonrisas institucionales. Hasta que la madrugada decidió cambiar el guion. Según Toño Domínguez, director del Instituto Municipal de la Juventud, al retirarse del festejo fue agredido, robado y amenazado de muerte presuntamente por Iván Solís Gómez, hermano del alcalde. Nada que combine bien con globos y confeti.
El propio Domínguez difundió un video donde afirma que su agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol —y quizá algo más— y que le fueron sustraídos dinero, identificaciones y tarjetas. Como si el recuerdo del cumpleaños viniera en versión “todo incluido”.
La denuncia ya está presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el denunciante fue claro: responsabiliza directamente a Iván Solís de cualquier daño que pudiera sufrir él, su familia o sus bienes. Una advertencia que no suele lanzarse a la ligera.
Ante el ruido creciente, llegó la respuesta oficial del alcalde. En un comunicado fechado el 28 de enero, Adolfo Solís Gómez fijó postura: reiteró que la paz, el respeto y la convivencia armónica guían su actuar; aseguró que el altercado habría ocurrido cuando él ya no se encontraba en el lugar y subrayó que no participó ni tuvo conocimiento inmediato de lo sucedido.
El edil también fue enfático en que el asunto debe resolverse por la vía legal, que será la autoridad competente la que determine si los hechos ocurrieron como se han señalado y que reprueba “de manera categórica” cualquier expresión de violencia. Además, dejó claro un punto clave: lo ocurrido —de haber ocurrido— no fue en el ejercicio de funciones de gobierno, sino en un ámbito estrictamente personal, ajeno a la actividad institucional del Ayuntamiento.
Y ahí está el matiz interesante. Porque nadie acusa al alcalde de haber participado, pero el apellido vuelve a aparecer como elefante en la sala. En la política mexicana, los asuntos “estrictamente personales” suelen adquirir relevancia pública cuando involucran poder, parentescos y silencios incómodos.
La aclaración institucional es necesaria, sin duda. Pero no borra la pregunta que flota en el aire: ¿habría tenido el mismo eco esta denuncia si el presunto agresor no fuera “el hermano de”? ¿La historia se habría quedado en un altercado de madrugada o habría llegado igual a la opinión pública?
Almoloya de Juárez no necesita linchamientos mediáticos ni versiones adelantadas. Necesita claridad. Si los hechos no ocurrieron como se denuncia, que se aclare con pruebas. Y si ocurrieron, que se sancionen sin excepciones, sin apellidos y sin fiestas de por medio.
Porque los cumpleaños pasan, los comunicados se archivan y los globos se desinflan. Pero las dudas, cuando no se atienden con hechos, suelen quedarse más tiempo que cualquier resaca. Y en Almoloya, por ahora, la vela sigue encendida… no para pedir deseos, sino para alumbrar explicaciones.
