Un presunto caso de abuso sexual en un laboratorio clínico de la ciudad de Chihuahua ha generado conmoción social y debate jurídico. El hecho fue denunciado el pasado 6 de enero por un joven de 19 años, quien acudió a la sucursal de Salud Digna ubicada en la colonia Deportistas para realizarse un estudio médico. Durante el procedimiento, el paciente aseguró haber sido víctima de tocamientos sin justificación clínica y de acciones con connotación sexual por parte del empleado encargado.
Según la denuncia, mientras se realizaba un exudado uretral, el trabajador introdujo un hisopo de manera rectal sin motivo médico y retiró su cubrebocas para cometer actos presuntamente sexuales sin consentimiento. La víctima salió del consultorio y llamó al 911, lo que motivó la llegada de la policía municipal y del Grupo Especial K9 de la SSPE, que procedieron con la detención inmediata del acusado.
Jueza declara detención ilegal
El detenido, identificado como Fabián “N”, de 26 años, fue liberado tras una audiencia en la que la jueza Alicia de la Rosa Almanza determinó que la detención fue ilegal por fallas en el protocolo seguido por los agentes municipales. La resolución generó críticas en redes sociales y entre activistas por los derechos humanos, quienes consideraron que la decisión pone en riesgo la confianza en las instituciones.
La Fiscalía General del Estado informó que la carpeta de investigación sigue abierta bajo la causa penal 32/2026 y que se prepara una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. El acusado permanece en libertad bajo reservas de ley mientras continúa el proceso.
Reacción social e institucional
La denuncia provocó indignación ciudadana y una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor supervisión en clínicas privadas y protocolos de atención más estrictos para proteger a los pacientes. Activistas también denunciaron la revictimización del joven ante la difusión de burlas y memes relacionados con el caso.
Salud Digna emitió un comunicado público en el que refrendó su compromiso con la seguridad y el trato digno hacia los pacientes. Aseguró que coopera plenamente con las autoridades y que mantiene protocolos éticos y profesionales en todas sus operaciones.
Un caso que reabre el debate
El caso reavivó el debate sobre la vulnerabilidad de los pacientes en el sector salud privado y la urgencia de establecer mecanismos efectivos de denuncia y supervisión. También puso sobre la mesa la necesidad de garantizar que los procedimientos clínicos se realicen con respeto, consentimiento informado y vigilancia adecuada.
Mientras las autoridades continúan con la investigación y se resuelve la apelación judicial, el caso deja en evidencia fallas en la actuación policial, posibles vacíos en la regulación del sector salud y una creciente exigencia social por condiciones seguras y transparentes en los servicios médicos privados.
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