Garantizar el derecho a una vida libre de violencia sexual y reproductiva no sólo depende de un marco legal robusto, sino también de una sociedad sensibilizada y de autoridades comprometidas. Así lo afirmó Yair Bautista Mundo, capacitador en temas de género, durante una videoconferencia organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
La violencia sexual y reproductiva, una violación a los derechos humanos
Durante su exposición, Bautista Mundo explicó que la violencia sexual y reproductiva constituye una grave vulneración a los derechos humanos y a la dignidad, especialmente de mujeres, adolescentes y niñas. Esta violencia incluye desde el abuso, acoso y violación, hasta la negación de servicios de salud sexual, la imposición de anticonceptivos o la esterilización forzada.
Afirmó que estas conductas pueden presentarse en entornos familiares, comunitarios, laborales, escolares e institucionales, y tienen su raíz en las desigualdades de género y relaciones de poder históricas.
Avances legales y desafíos persistentes
Aunque el país cuenta con un marco legal avanzado, los retos persisten en la aplicación práctica. Organizaciones civiles y colectivas han denunciado barreras formales y factores estructurales que limitan el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos.
Entre estos obstáculos destacan la violencia obstétrica, la persistente violencia sexual y los altos índices de muerte materna, situaciones que afectan de manera sistemática a mujeres y niñas en el sistema de salud.
El papel de las instituciones
En respuesta, la CODHEM, junto con otras entidades, ha reforzado programas y acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Estos grupos continúan siendo prioritarios en la agenda del ombudsperson mexiquense, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.
Bautista recordó que el artículo 4º de la Constitución garantiza el derecho de toda persona a decidir libremente sobre su vida reproductiva. Además, leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la NOM-046-SSA2-2005 establecen garantías claras para la atención y protección en casos de violencia sexual.
En el ámbito local, el Estado de México cuenta con su propia legislación para coordinar esfuerzos interinstitucionales que promuevan la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
La videoconferencia destacó la necesidad de acciones coordinadas entre sociedad y gobierno para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos. Aunque el marco legal existe, su efectividad depende de la eliminación de barreras estructurales, el compromiso institucional y la transformación cultural.
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