La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal. El dictamen establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes promuevan o faciliten el matrimonio infantil, incluso cuando lo hagan padres, madres o familiares directos. La medida busca frenar esta práctica, especialmente en contextos de violencia, discriminación o intercambio económico.
Detalles de la reforma aprobada
La iniciativa, impulsada por los legisladores Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, ambos del Grupo Parlamentario del PAN, propone castigar con cinco a diez años de prisión a quien:
Obligue, induzca o coaccione a un menor a establecer matrimonio, concubinato o cohabitación forzada.
Procure, ofrezca o facilite la unión de una persona menor con otra, ya sea mayor o menor de edad.
Gestione o consienta estos actos, incluso en el seno familiar.

El dictamen señala que estos actos serán sancionados también si implican pagos en efectivo o en especie. Las multas van de mil a cuatro mil días de salario mínimo.
Agravantes y sanciones más severas
Las penas aumentarán hasta la mitad si el delito se comete bajo ciertas condiciones:
- Con uso de violencia o coerción.
- Contra personas menores con alguna discapacidad.
- Contra niñas, niños o adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
En estos casos, las penas pueden alcanzar hasta 15 años de prisión y seis mil días de multa.
Perspectiva de derechos humanos y protección infantil
Durante la discusión del dictamen, la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) presidió la sesión. El diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena) presentó la iniciativa y subrayó la obligación del Estado de actuar como garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta destaca una perspectiva humanista. Reafirma que los menores son sujetos de derechos plenos y su dignidad debe prevalecer sobre costumbres o intereses particulares que perpetúan el matrimonio infantil.
Opiniones y aportaciones de los legisladores
El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) celebró que el dictamen final incorporara múltiples aportaciones legislativas. Mencionó que el embarazo adolescente continúa siendo un problema que afecta el desarrollo académico y social de los jóvenes en la entidad.
Por su parte, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) valoró que la iniciativa no solo eleve las penas, sino también incorpore agravantes para proteger a sectores históricamente vulnerables. Enfatizó la importancia de contar con un marco legal robusto para erradicar el matrimonio infantil en el Estado de México.
La aprobación en comisiones de esta reforma representa un avance legislativo clave para proteger a la niñez mexiquense. El endurecimiento de penas y la incorporación de agravantes buscan disuadir y sancionar de forma efectiva una práctica que vulnera los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El dictamen ahora deberá pasar al pleno para su votación definitiva.
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