El Congreso del Estado de México aprobó recientemente reformas legales que endurecen las sanciones por violencia sexual, especialmente cuando se comete contra menores de edad. Las nuevas disposiciones incluyen penas de prisión de hasta 16 años y multas significativas, además de ampliar las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta medida busca fortalecer la protección legal de los sectores más vulnerables ante la creciente violencia a través de tecnologías digitales.
Detalles de la Reforma y Sanciones Establecidas
La reforma fue aprobada por unanimidad en las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense. El diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, impulsor de la iniciativa, destacó que la legislación contempla:
- Sanciones de hasta 8 años de prisión y multas de 45 mil 256 pesos para delitos sexuales cometidos por cualquier medio.
- Incremento al doble de estas penas, es decir, hasta 16 años de prisión y multas equivalentes a 90 mil 515 pesos, cuando el delito se cometa contra menores de edad o personas con discapacidad para comprender los hechos.
- Aplicación de la ley sin importar la existencia de coacción o amenazas, garantizando así una protección integral.
Estas disposiciones buscan cubrir un vacío legal respecto al uso de tecnologías de la información para cometer delitos sexuales, incluyendo la concertación de encuentros o la obtención de material audiovisual con contenido explícito.
Fortalecimiento de la Procuraduría y Protección Integral
Además de las sanciones, la reforma otorga nuevas atribuciones a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal. Estas facultades incluyen:
- Participación activa en la valoración del perdón legal cuando las víctimas son menores.
- Coordinación con autoridades judiciales, de salud y procuración de justicia para aplicar medidas de protección inmediatas y evitar la revictimización.
- Obligación para las instituciones de salud de brindar atención prioritaria e informar a la Procuraduría y al Ministerio Público en casos de violencia contra menores.
- Fortalecimiento de la atención psicosocial, jurídica y médica para garantizar la reparación integral del daño.
Este enfoque integral busca que la protección y los derechos de la niñez sean prioridad en todas las acciones legales y administrativas.
Respaldo Político y Contexto Social
Legisladoras de Morena, PT y PAN coincidieron en destacar que esta iniciativa representa un avance en la protección de los derechos humanos de menores y grupos vulnerables. Se subrayó la importancia de prevenir la violencia y sancionar con mayor severidad para garantizar un entorno seguro para la infancia.
El diputado Martínez reconoció el apoyo de organizaciones civiles como Early Institute y la sociedad en general para fortalecer el proyecto. Este consenso político refleja un compromiso colectivo para consolidar un sistema legal más justo y protector.
