El Congreso del Estado de México inició el análisis de una iniciativa que busca tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de menores. Esta conducta, relacionada con la operación de grupos delictivos, podría castigarse con penas de hasta 60 años de prisión. La propuesta surge ante cifras alarmantes sobre el uso de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en varias regiones del país.
Riesgo creciente: miles de menores en la mira del crimen organizado
Según datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022 se registraron más de 20 mil menores desaparecidos. De ellos, al menos 3 mil 951 podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado. Además, la Red por los Derechos de la Infancia en México estima que cerca de 200 mil menores se encuentran en riesgo de ser captados por grupos criminales.
Este fenómeno se ha documentado en al menos 18 entidades del país. De acuerdo con el Mecanismo Estratégico contra el Reclutamiento, se identificaron 50 municipios prioritarios. Cinco de estos se ubican en el Estado de México, en zonas colindantes con entidades de alta incidencia delictiva como Guerrero, Morelos y Michoacán.
Legisladoras piden actuar con firmeza y urgencia
Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, las diputadas Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano) y Ana Yurixi Leyva Piñón (Partido del Trabajo) coincidieron en la urgencia de legislar. Salinas recalcó que, hasta el momento, sólo cuatro estados han reformado su marco legal para castigar el reclutamiento forzado: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.
Por su parte, Leyva Piñón denunció que desde hace más de 15 años se recluta a menores en el sur del Estado de México. Enfatizó que estos niños realizan funciones como vigilancia para grupos criminales. Aseguró que es momento de incluir a la entidad en la lista de estados que protegen legalmente a sus menores.
Propuesta legal: cárcel y agravantes para responsables
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano plantea incorporar este delito al Código Penal estatal. El texto señala que se sancionará a quien obligue o engañe a menores para participar en actividades delictivas. Estas incluyen portar armas, vigilar territorios o realizar tareas de mensajería para organizaciones criminales.
La pena máxima de 60 años se aplicaría si el reclutamiento lo comete un familiar o persona con autoridad sobre el menor. También se considerará agravante si se emplea violencia física o psicológica. Leyva Piñón propuso afinar la redacción para proteger a trabajadores de reparto que, sin saberlo, puedan trasladar objetos ilícitos.
El Congreso del Estado de México se encuentra ante la posibilidad de marcar un precedente legal importante en la lucha contra el reclutamiento forzado de menores. La iniciativa propone penas ejemplares que podrían contribuir a disuadir esta práctica delictiva. A medida que avanza su discusión, legisladores de distintos partidos coinciden en que proteger a la infancia debe ser una prioridad urgente.
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