El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió por unanimidad sancionar a Arturo López Robles, líder de Juventudes Morena, por ejercer violencia política en razón de género contra Ana Aurora Muñiz Neyra, presidenta municipal de San Mateo Atenco.
En sesión pública, el TEEM determinó que López Robles incurrió en expresiones misóginas que afectaron la dignidad de la alcaldesa y vulneraron su derecho a una vida libre de violencia en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
La resolución establece que las declaraciones constituyeron violencia simbólica, verbal y psicológica, al minimizar la capacidad y trayectoria de Muñiz Neyra por su condición de mujer.
Refuerzo de estereotipos y omisión de Morena
El tribunal subrayó que este tipo de expresiones invisibilizan los logros y aptitudes de las mujeres en la política, reforzando estereotipos que las cosifican y deslegitiman, perpetuando la idea errónea de que solo los hombres son aptos para ejercer cargos públicos.
La sentencia también responsabilizó al partido Morena por “culpa in vigilando”, al considerar que incumplió su deber de supervisar y prevenir conductas violentas entre sus militantes y simpatizantes, lo que constituye una falta grave en materia de derechos político-electorales.
Sanciones impuestas
Como parte de las medidas correctivas, el TEEM ordenó que Arturo López Robles:
- Ofrezca una disculpa pública en video y la difunda en sus redes sociales durante 30 días.
- Publique los efectos y resolutivos de la sentencia en sus plataformas digitales por el mismo periodo.
- Se abstenga de realizar conductas similares contra la denunciante o cualquier otra persona.
- Tome un curso de sensibilización sobre derechos de las mujeres en la Secretaría de las Mujeres del Edomex.
Asimismo, el INE y el IEEM deberán inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de cuatro años.
El fallo del TEEM representa un precedente relevante en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado de México, al sancionar no solo al agresor directo, sino también al partido político por omitir su obligación de prevenir y erradicar conductas de violencia de género en el ámbito político.
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