La LXII Legislatura del Estado de México avanza en la derogación del delito de ultrajes del Código Penal estatal, al considerarlo una medida que inhibe la libertad de expresión y atenta contra los derechos humanos.
Durante la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputadas de morena, PRI, PAN y MC respaldaron la propuesta presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la bancada de Movimiento Ciudadano, destacando que la norma actual protege desproporcionadamente a servidores públicos y puede ser utilizada para controlar a la ciudadanía.
Posturas de las legisladoras y especialistas
- Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN): La iniciativa fomenta la participación social y permite que los ciudadanos exijan al gobierno cumplir sus obligaciones y rendir cuentas.
- Ruth Salinas Reyes (MC): El delito es ambiguo y se presta a interpretaciones arbitrarias. Su eliminación evitará abusos de autoridad como el “charoleo” y la extorsión.
- Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena): La propuesta facilita la transparencia y permite que los funcionarios se expresen sin limitaciones, lo que mejora la rendición de cuentas.
- Jennifer Nathalie González López (morena): Tal como está definido el delito, puede usarse como un mecanismo de control sobre la ciudadanía.
- María Mercedes Colín Guadarrama (PRI): La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser respetado. Las leyes de desacato como el delito de ultrajes no son compatibles con la protección de los derechos humanos.
Postura del Ejecutivo estatal
Luis Miguel Carriedo Téllez, titular del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, aseguró que el delito de ultrajes ya no es compatible con el marco de protección de derechos humanos.
Además, informó que no hay registros de personas procesadas por este delito en el Estado de México, pero al mantenerse vigente, puede aplicarse en cualquier momento, lo que genera incertidumbre jurídica.
Detalles de la propuesta de derogación
Actualmente, el Código Penal del Estado de México define el ultraje como cualquier expresión o acción ofensiva contra servidores públicos o instituciones del Estado.
Las penas vigentes incluyen:
De seis meses a dos años de prisión y 30 a 150 días de multa si el ultraje es contra instituciones públicas.
De seis meses a un año de prisión y 30 a 100 días de multa si el ultraje es contra servidores públicos.
La eliminación de este delito busca garantizar la libertad de expresión y evitar que se utilice para criminalizar la crítica hacia el gobierno.
