Ante el creciente número de denuncias por despojo de inmuebles en el Estado de México, el Congreso local evalúa diversas propuestas legislativas que buscan endurecer las penas por este delito. Las comisiones legislativas estudian tres iniciativas de reforma al Código Penal y un punto de acuerdo enfocado en la prevención, sanción y atención a víctimas. Las propuestas cuentan con el respaldo de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Aumento del delito de despojo y necesidad de reforma legal
En los últimos años, el Estado de México ha registrado un incremento preocupante en los casos de despojo de bienes inmuebles. Este delito, ya tipificado con penas de uno a cinco años de prisión, requiere adecuaciones legales, según el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Destacó la urgencia de proteger el patrimonio de las y los ciudadanos, además de facilitar la denuncia y el castigo de los responsables.
El legislador enfatizó la importancia de que la población tenga en orden sus documentos de propiedad para enfrentar legalmente estos delitos. Asimismo, señaló que existe consenso entre las fracciones parlamentarias sobre la necesidad de tratar este tema en un periodo extraordinario.
Iniciativas para agravar las penas y ampliar los supuestos del delito
El diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, propuso que el despojo sea clasificado como delito grave, con penas de cinco a diez años de prisión en casos con violencia física, intimidación, uso ilegítimo de fuerza pública o acciones clandestinas. Además, su iniciativa busca acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de inmuebles cuando el afectado demuestre la legítima propiedad.
Por su parte, el legislador José Miguel Gutiérrez Morales, también de Morena, propuso sanciones de hasta 17 años de cárcel y multas de más de 678 mil pesos para autores intelectuales y líderes de invasiones. Su propuesta incluye nuevos supuestos, como el uso indebido de recursos hídricos y la afectación de derechos reales sobre agua.
Desde MC, la diputada Ruth Salinas Reyes propuso penas de hasta 25 años de prisión y agravantes específicas, como el despojo a personas vulnerables o en inmuebles destinados a vivienda y producción agrícola. También propone sancionar a servidores públicos que participen o instiguen estos actos.
Punto de acuerdo para coordinar esfuerzos interinstitucionales
En un enfoque complementario, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad estatal a crear una estrategia interinstitucional contra el despojo. La propuesta incluye campañas informativas, capacitación policial, operativos, asesoría jurídica y una unidad especializada en la Fiscalía para atender denuncias de manera eficiente, especialmente en el Valle de México.
