El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) ha dado un paso firme hacia una justicia más abierta y participativa. El 3 de junio de 2025, anunció oficialmente la creación del Sistema para la Mejora de la Impartición de Justicia. Esta iniciativa se enmarca en un enfoque de evaluación constante y colaboración social. Su objetivo central es elevar la calidad de los servicios judiciales a través de recomendaciones de la ciudadanía.
Participación ciudadana en la administración judicial
El nuevo sistema incorpora la opinión de representantes de distintos sectores sociales. Estas voces externas evaluarán el funcionamiento del Poder Judicial y propondrán mejoras. El modelo busca integrar a la sociedad en la toma de decisiones, favoreciendo una visión más plural y democrática en la gestión de justicia.
Magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del PJEdomex, señaló que el sistema es estratégico. Su finalidad es coordinar, supervisar y dar seguimiento a los procesos internos, guiándose por buenas prácticas de la administración pública.
Ejes técnicos y buenas prácticas
La implementación del sistema se alinea con el Plan de Desarrollo del Poder Judicial. Este plan contempla una evaluación continua por cada Región Judicial. Además, se efectuarán mediciones constantes sobre la calidad del servicio brindado a los usuarios.
El modelo adoptado no solo responde a compromisos institucionales asumidos previamente, como la Declaratoria de Justicia Abierta del 26 de febrero. También sienta las bases de una transformación profunda, orientada hacia una administración más sensible, eficiente y abierta.
Una transformación orientada a la justicia abierta
El concepto de justicia abierta representa más que un cambio administrativo. Constituye una declaración de principios sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo activo con la ciudadanía. El nuevo sistema no es solo un mecanismo técnico; es una herramienta de legitimación y fortalecimiento institucional.
Con esta acción, el Poder Judicial busca consolidar un gobierno judicial centrado en el respeto de los derechos, las necesidades individuales y el trato humanista a cada persona.
