En su primer año de operación plena, las empresas paraestatales administradas por las Fuerzas Armadas mexicanas registraron pérdidas millonarias. Estos negocios, creados por decreto presidencial y gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), han tenido un desempeño financiero negativo que ha obligado al gobierno federal a transferir cuantiosos recursos públicos para su sostenimiento.
Unidades bajo control militar y su balance negativo
GAFSACOMM, un conglomerado militar que abarca hoteles, parques recreativos y otras instalaciones, encabezó la lista con una pérdida de 1,400 millones de pesos en 2024. Este grupo se diseñó para administrar ingresos generados por proyectos de infraestructura construidos por el Ejército.
La aerolínea estatal Mexicana de Aviación, también bajo administración castrense, cerró su primer año de operación con un déficit de 1,252 millones de pesos. El Ferrocarril del Istmo, gestionado por la Marina, reportó pérdidas por 633 millones de pesos en el mismo periodo.
El costo diario para el erario público
En conjunto, estas empresas perdieron recursos del erario a una tasa de 15 millones de pesos diarios. Esta cifra refleja la carga fiscal que representan estos proyectos para las finanzas públicas, en contraste con las expectativas iniciales de rentabilidad y autosuficiencia.
Según información oficial, el gobierno federal transfirió un total de 20,998 millones de pesos en subsidios durante 2024 para cubrir las pérdidas y gastos operativos de estas empresas. Estas transferencias se realizaron mediante asignaciones directas, sin procesos de licitación, lo que ha despertado críticas de especialistas en transparencia y rendición de cuentas.
El Tren Maya, el proyecto más subsidiado
Entre las empresas militares, el Tren Maya fue la que recibió la mayor proporción de recursos públicos. Aunque no se especificó el monto exacto, fuentes gubernamentales reconocen que esta obra emblemática del sexenio concentra el mayor flujo de subsidios.
El Tren Maya fue asignado a la Sedena con el objetivo de garantizar su seguridad y operación, pero los informes financieros hasta ahora revelan una falta de rentabilidad que ha forzado al gobierno a mantenerlo con fondos públicos.
Críticas y preocupaciones sobre sostenibilidad
Especialistas en finanzas públicas, como Mariana Campos del centro México Evalúa, advierten sobre la opacidad en la administración de estos recursos. “El problema no es solo cuánto dinero se pierde, sino que no hay mecanismos claros de supervisión”, señaló en entrevista.
Además, organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han insistido en que la gestión empresarial debe mantenerse separada de las funciones castrenses, para evitar conflictos de interés y falta de experiencia en sectores altamente especializados.
