El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma que endurece las sanciones contra la violencia sexual cometida a través de tecnologías de la información. La medida contempla penas de hasta 16 años de prisión y multas de 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 90 mil 515 pesos, cuando el delito se cometa contra menores de edad.
Reforma impulsada por legislador de Morena
La iniciativa fue promovida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, del grupo parlamentario de Morena. El legislador subrayó que la violencia contra la infancia no puede seguir siendo ignorada y llamó a la Legislatura a ser parte activa de la solución. La propuesta contó con el respaldo de la sociedad civil, entre ellos Early Institute, organización que enriqueció la discusión.
Alcances de la reforma
De acuerdo con el dictamen, la sanción general establece hasta ocho años de prisión y multas de 400 UMA (45 mil 256 pesos) para quien cometa actos de violencia sexual digital contra cualquier persona. Sin embargo, las penas se duplicarán cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
Además, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México tendrá un papel central en la valoración del perdón legal en casos que involucren a menores. También se establecen medidas inmediatas de protección, con coordinación entre autoridades judiciales, de salud y de procuración de justicia.
Atención integral y derechos de la infancia
La reforma incluye la obligación de que instituciones de salud brinden atención prioritaria e inmediata a víctimas menores de edad y notifiquen a la Procuraduría y al Ministerio Público para activar medidas urgentes. Asimismo, se refuerza la atención psicosocial, médica y jurídica para garantizar la restitución de derechos y reparación del daño.
El dictamen subraya que todas las modificaciones se rigen bajo el principio del interés superior de la niñez y buscan colocar los derechos de la infancia en el centro de las políticas públicas.
Con estas reformas al Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Congreso mexiquense busca fortalecer la protección de más de 3.2 millones de menores en la entidad. La medida responde a la necesidad de frenar la violencia digital y garantizar entornos más seguros para la niñez.
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