La LXII Legislatura del Estado de México ha consolidado avances legislativos orientados a fortalecer la protección de la maternidad, garantizar los derechos de las mujeres en situación de reclusión y combatir nuevas formas de violencia familiar. Las acciones aprobadas y en análisis forman parte de una agenda que prioriza una maternidad libre, digna y segura.
Penalización del aborto sin consentimiento: una reforma clave
Una de las reformas aprobadas más destacadas fue la tipificación del aborto sin el consentimiento de la persona gestante como delito. Esta conducta se castigará con penas que van de cinco a diez años de prisión, además de multas de 50 a 400 días de salario. Si el procedimiento incluye violencia física, psicológica u obstétrica, o negligencia médica, la pena podría alcanzar hasta 15 años de cárcel.
Asimismo, se establecieron sanciones específicas para el personal de salud que practique abortos después de las 12 semanas sin cumplir con los requisitos legales. La suspensión profesional será de hasta seis años, y en caso de reincidencia, podría llegar a los 20 años.
Apoyo a mujeres embarazadas en centros de reinserción
En materia de derechos sociales, el Congreso destinó recursos específicos para mujeres privadas de la libertad. El Paquete Fiscal 2025 incluye cinco millones de pesos para atender a niñas y niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios del Estado de México. Estos fondos se destinarán a la entrega de canastas alimentarias y ropa para los menores.
Además, se asignaron 400 mil pesos adicionales para mejorar las instalaciones destinadas a mujeres embarazadas dentro de los centros de reinserción, buscando condiciones más humanas y adecuadas durante la gestación.
Violencia vicaria: nuevas propuestas en análisis
La violencia vicaria, un fenómeno que afecta principalmente a mujeres mediante el daño indirecto a sus seres queridos, fue incluida en la agenda legislativa. La diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) propuso que esta violencia sea causal para suspender la patria potestad. Por su parte, las legisladoras Miriam Silva Mata y Gloria Vanessa Linares Zetina plantearon sancionar esta conducta como parte de la violencia familiar, con penas de hasta siete años de prisión y acceso inmediato a mecanismos judiciales de protección.
El PAN y el PRD propusieron penas más severas, de hasta 10.5 años, si la agresión vicaria afecta a menores, personas mayores, con discapacidad o incluso mascotas con vínculos afectivos con la víctima.
Sanciones por abandono paterno y apoyo al parto humanizado
Dentro del mismo paquete legislativo, el PAN propuso la creación de una Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna. Esta incluiría ayuda económica para adolescentes gestantes y castigos penales para los padres que no participen en los gastos del embarazo, con penas de hasta cinco años de cárcel. También se planteó agilizar el procedimiento para otorgar pensiones alimenticias en casos de enfermedad de hijas o hijos.
