El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) anunció la aprobación de su Planeación Anual Institucional y el Programa Anual de Evaluación 2025. Esta medida refuerza el compromiso de la institución con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. A través de estos instrumentos se impulsarán proyectos de alto impacto para consolidar una justicia legítima, cercana y con perspectiva de derechos humanos.
Enfoque estratégico para la democratización de la justicia
El Consejo de la Judicatura del PJEdomex aprobó los acuerdos que regirán la operatividad del Poder Judicial durante 2025. Estos documentos están alineados con el Plan de Desarrollo Institucional, el cual busca transformar al Poder Judicial en un referente nacional por su eficiencia, legitimidad y compromiso con la dignidad humana.
La Planeación Anual Institucional contempla la ejecución de 661 actividades y el seguimiento de 100 indicadores, con los cuales se evaluará el desempeño de las distintas unidades administrativas. Estas acciones están enfocadas en democratizar el acceso a la justicia y en cumplir con los ejes transversales del plan estratégico.
Transparencia y rendición de cuentas como pilares
En cumplimiento del artículo 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, así como del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Judicial publicará su Programa Anual de Evaluación 2025 antes de que concluya abril.
Este programa está vinculado al rubro presupuestario “Administrar e impartir justicia” y forma parte de la estrategia de “Justicia Abierta”, columna clave del Plan de Desarrollo. Bajo este enfoque, se promueve una administración pública orientada por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Evaluación basada en indicadores clave
El Programa Anual de Evaluación tiene como finalidad principal supervisar y medir el cumplimiento de los compromisos institucionales. Los indicadores definidos permitirán observar el avance en tiempo real, detectar áreas de mejora y garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos.
A través de esta evaluación continua, el Poder Judicial busca no solo cumplir con las normativas de control interno, sino también fortalecer la confianza ciudadana en la justicia estatal.
