El gobierno de Morelos presentó seis denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios de la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Los acusados habrían cometido irregularidades por un monto aproximado de 40 millones de pesos. Estas acciones representan el inicio de una serie de medidas para combatir la corrupción y atender las demandas sociales en el estado.
El Consejero Jurídico del gobierno estatal, Édgar Antonio Maldonado, y la Contralora Alejandra Pani informaron que las denuncias incluyen casos relacionados con dependencias como:
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
- Infraestructura.
- Desarrollo Económico.
- Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
- Fidecomp (Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo).
Las irregularidades denunciadas abarcan desvíos de fondos, venta irregular de terrenos y contrataciones injustificadas. Un caso destacado es la obra de una bóveda en el mercado central Adolfo Mateos por 11.6 millones de pesos y la contratación de un artista por 19 millones de pesos, entre otros.
Reacción del gobierno y declaraciones
Maldonado enfatizó que estas denuncias no buscan persecución política:
“No es una cacería de brujas; es una respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos de Morelos“.
Además, hizo un llamado a los exfuncionarios involucrados en la venta irregular de terrenos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo para que devuelvan las propiedades. Entre los señalados está Sandra Anaya, exsecretaria de Administración y actual diputada federal, quien habría adquirido terrenos a precios bajos.
La Contralora Alejandra Pani informó que otras dependencias, como Hacienda, Seguridad Pública y Bienestar, también presentan irregularidades. Hasta ahora, se han identificado 24 expedientes relacionados con faltas graves y más de 290 casos en organismos públicos descentralizados que están en integración.
Impacto y expectativas
Estas denuncias buscan sentar un precedente de transparencia y justicia en Morelos. La Fiscalía Anticorrupción deberá trabajar con imparcialidad y apego a la legalidad para responder a las demandas ciudadanas. Según Maldonado, se tiene la certeza de que existen acciones irregulares, y las autoridades investigadoras están obligadas a obtener resultados concretos.
