Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra el diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. La decisión fue impulsada por las bancadas de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes argumentaron que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía de Morelos carece de elementos probatorios sólidos.
Sesión marcada por el caos y la polarización
La discusión se tornó tensa desde el inicio. Legisladoras opositoras ocuparon la tribuna en protesta por lo que consideraron una protección política al exmandatario. En medio del desorden, Cuauhtémoc Blanco tomó la palabra sin estar inscrito como orador, asegurando que comparecería de manera voluntaria ante la Fiscalía. Mientras hablaba, fue respaldado por diputadas de Morena con la consigna: “No estás solo”.
La sesión reflejó la división política sobre el tema, con la oposición acusando encubrimiento e impunidad, y los oficialistas defendiendo el respeto al debido proceso legal.
Argumentos legales: “carpeta mal integrada”
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, afirmó que la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía de Morelos estaba “mal integrada”. Según Flores, la documentación no contenía pruebas suficientes para sustentar el retiro del fuero constitucional.
“El expediente solo muestra que se recibió una denuncia y su ratificación, sin datos que justifiquen el desafuero”, declaró Flores desde tribuna.
El diputado Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, respaldó esta postura. Advirtió que rechazar el dictamen habría significado devolver la carpeta a un proceso sin avances ni certeza jurídica. Argumentó que votar en contra no resolvería la falta de pruebas, sino que solo prolongaría un caso mal sustentado.
Reacciones de la oposición: acusaciones de impunidad y misoginia
Desde la oposición, el diputado Germán Martínez, del PAN, criticó con dureza la decisión. Acusó que el dictamen fue redactado “en los sótanos del poder” para encubrir al exgobernador. Denunció que se trató de un acto de impunidad machista, en perjuicio de la víctima denunciante.
“Este documento nació desde la manósfera que raya en la misoginia, en vez de actuar con profesionalismo”, expresó con énfasis Martínez.
Varios legisladores de oposición coincidieron en que el proceso estuvo plagado de dilaciones y estrategias legales que priorizaron la protección del acusado sobre los derechos de la víctima.
