Audio listo para escuchar.
El Gobierno de México reconoció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que autoridades municipales han participado en casos de desaparición forzada, aunque sostuvo que actualmente estos delitos son cometidos principalmente por grupos de la delincuencia organizada.
La declaración fue realizada por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, celebrada el 20 de octubre de 2026.
El reconocimiento ocurre mientras México enfrenta una crisis de más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas y mantiene diferencias con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
¿Qué reconoció México ante la ONU sobre las desapariciones forzadas?
Durante su intervención, Arturo Medina Padilla reconoció que la desaparición forzada en México ha cambiado con el paso de las décadas.
El funcionario explicó que anteriormente estos delitos podían ser ordenados desde los niveles más altos del poder político, mientras que actualmente están relacionados principalmente con organizaciones criminales.
Sin embargo, admitió que en algunos casos también participan autoridades municipales, lo que implica la intervención de servidores públicos en hechos relacionados con la desaparición de personas.
El representante mexicano sostuvo que todos estos casos deben investigarse y sancionarse, independientemente de quiénes sean los responsables.
La declaración resulta relevante porque reconoce expresamente la participación de autoridades locales en un delito que, conforme al derecho internacional, implica la intervención directa, autorización, apoyo o consentimiento de agentes del Estado.
No obstante, el subsecretario no presentó durante esa intervención un desglose de municipios involucrados, funcionarios investigados o sentencias relacionadas con los casos mencionados.
ONU advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad en México
El reconocimiento del Gobierno mexicano se produjo durante una discusión internacional sobre la persistencia de las desapariciones forzadas.
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán Alencastro, recordó que el organismo identificó indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Esta determinación fue adoptada en abril de 2026 y motivó la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El mecanismo permite llevar ante la Asamblea General situaciones en las que existen indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada.
¿La ONU responsabilizó al Gobierno federal?
El Comité aclaró que su decisión no constituye una sentencia ni determina automáticamente la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
También precisó que no encontró indicios fundados de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.
Por su parte, el Gobierno mexicano rechazó la interpretación del Comité sobre la aplicación del artículo 34, aunque reiteró su disposición a mantener la cooperación internacional.
Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas en México
La discusión ocurre en medio de una crisis que afecta a miles de familias mexicanas.
De acuerdo con las cifras oficiales citadas durante las sesiones de Naciones Unidas, más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el país.
Esta situación mantiene bajo atención internacional las capacidades de las instituciones encargadas de investigar desapariciones, localizar víctimas e identificar restos humanos.
Durante su participación, el Gobierno federal informó que en lo que va de 2026 se han localizado más de 16 mil personas, principalmente con vida.
El Comité de la ONU reconoció los avances reportados, pero insistió en que persisten problemas estructurales que requieren atención.
¿Qué acciones anunció el Gobierno mexicano?
La representación mexicana destacó diversas medidas para fortalecer la búsqueda de personas:
- Coordinación entre autoridades federales y estatales.
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- Mejoras en los mecanismos de identificación humana.
- Operación de sistemas de búsqueda y coordinación durante las 24 horas.
- Revisión de las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
- Cooperación técnica con organismos internacionales de derechos humanos.
Estas acciones forman parte de la estrategia presentada por las autoridades federales para atender la crisis.
Sin embargo, el número de personas localizadas reportado por el Gobierno no elimina la necesidad de investigar las circunstancias de cada desaparición y determinar las responsabilidades correspondientes.
¿Qué implica que autoridades municipales participen en desapariciones?
El reconocimiento de la participación de autoridades municipales tiene implicaciones jurídicas y de derechos humanos.
La Convención internacional establece que una desaparición forzada ocurre cuando existe privación de la libertad por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa privación o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona.
Por ello, la participación de policías municipales u otros servidores públicos puede ser determinante para establecer si un caso constituye desaparición forzada.
No todas las desapariciones cometidas por organizaciones criminales reciben automáticamente esa clasificación jurídica.
Cada investigación debe establecer los hechos, la posible intervención de autoridades y las responsabilidades individuales.
Familias buscadoras exigen resultados
La discusión ante Naciones Unidas también puso nuevamente en el centro a las familias que buscan a sus seres queridos.
Durante la sesión, el presidente del Comité lamentó que familiares de víctimas fueran retirados de la sala después de mostrar fotografías de personas desaparecidas.
El organismo internacional reiteró la importancia de escuchar a las víctimas y fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y acceso a la justicia.
Para las familias, uno de los principales desafíos continúa siendo obtener información sobre el paradero de sus seres queridos y lograr que los responsables sean identificados y sancionados.
¿Qué sigue para México después del reconocimiento ante la ONU?
La Asamblea General de Naciones Unidas deberá examinar la situación planteada por el Comité contra la Desaparición Forzada y valorar posibles mecanismos de cooperación internacional.
Entre las medidas propuestas se encuentran el fortalecimiento de las investigaciones, la identificación forense, la asistencia técnica y la protección de las familias buscadoras.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano mantiene su desacuerdo con la interpretación jurídica del Comité, pero asegura que continuará colaborando con organismos internacionales.
El reconocimiento de la participación de autoridades municipales coloca nuevamente bajo atención la responsabilidad de las instituciones locales en las desapariciones.
El desafío será determinar en qué casos existió participación de servidores públicos, garantizar investigaciones efectivas y ofrecer respuestas a las familias de las personas desaparecidas.
Para estar siempre al día con las últimas noticias y contenidos exclusivos, les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas sociales de SéUno. Conéctense con nosotros en Facebook, X(Twitter), Instagram, TikTok, YouTube y Threads. ¡No se pierdan ninguna actualización y formen parte de nuestra creciente comunidad en línea!
