El Bolero de siempre me dijo que…
En México descubrimos una nueva amenaza contra la soberanía nacional. No son los cárteles controlando territorios, ni el huachicol fiscal, ni la corrupción, ni los miles de desaparecidos.
No.
La nueva afrenta contra la patria es que Estados Unidos le quitó la visa a Andrés Manuel López Beltrán.
Y casi dan ganas de buscar la bandera, aprenderse otra vez el Himno Nacional y marchar rumbo al Zócalo para defender el derecho inalienable de “Andy” a cruzar migración en Estados Unidos.
Porque lo que comenzó como la cancelación de un documento migratorio terminó convertido en un espectáculo político en el que Morena habla de soberanía, injerencia extranjera y ataques contra la transformación, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum considera que detrás de la decisión estadounidense existe un componente esencialmente político.
El problema es que, entre tanta bandera ondeando, hay un pequeño detalle que pretenden colocar debajo de la alfombra:
Andy López Beltrán no llegó a esta historia limpio de cuestionamientos.
Y conviene aclararlo desde ahora: que Estados Unidos haya cancelado su visa no demuestra que haya cometido un delito. Washington ni siquiera ha hecho públicas las razones específicas de la decisión y, hasta ahora, no existe una sentencia que declare culpable al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador de los delitos que se le han atribuido públicamente.
Pero exactamente lo contrario también es cierto.
La falta de una sentencia no convierte automáticamente todas las preguntas en calumnias.
Mucho antes del episodio de la visa ya existían investigaciones periodísticas, denuncias y señalamientos alrededor de López Beltrán y de personajes de su círculo.
Ahí está la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República en la que su nombre fue relacionado con presuntos delitos vinculados al llamado huachicol fiscal, además de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Son acusaciones, no condenas.
Pero son acusaciones suficientemente graves como para esperar algo más del Estado mexicano que silencio, descalificaciones o discursos políticos.
También están las investigaciones periodísticas sobre el llamado “Clan”, que documentaron negocios y contratos obtenidos por empresarios cercanos a los hijos del expresidente durante el sexenio de López Obrador. Andrés y Gonzalo López Beltrán han negado haber utilizado sus influencias para beneficiar empresas.
Perfecto.
Que se investigue y se determine quién tiene razón.
Porque eso debería ocurrir en un país donde las instituciones funcionan.
El problema comienza cuando las instituciones parecen mucho más eficientes para construir discursos de defensa política que para despejar sospechas.
Y entonces aparece la palabra mágica:
Soberanía.
Qué palabra tan conveniente.
Estados Unidos cancela una visa y de pronto ya no hablamos de huachicol fiscal, tráfico de influencias, empresarios amigos, contratos públicos o de las denuncias presentadas ante autoridades mexicanas.
Ahora resulta que el tema es defender a México.
Es el viejo truco de tapar el sol con un dedo, sólo que esta vez el dedo viene pintado de verde, blanco y rojo.
Porque una pregunta elemental sigue esperando respuesta:
¿Desde cuándo la visa estadounidense de un dirigente de Morena forma parte de la soberanía nacional?
Una visa no es un derecho humano, mucho menos una garantía constitucional mexicana. Cada Estado determina quién puede ingresar a su territorio. México lo hace todos los días con extranjeros en nuestras fronteras.
Podemos cuestionar las motivaciones políticas de Washington. Podemos exigir respeto para México. Podemos rechazar cualquier intento estadounidense de intervenir en nuestras elecciones, nuestras instituciones o nuestras decisiones internas.
Eso sí sería defender la soberanía.
Pero convertir la situación migratoria de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente, en una causa de la República es otra cosa.
Y ahí comienza lo verdaderamente preocupante.
Porque cuando desde el poder se confunde la defensa de una persona o de un movimiento político con la defensa del Estado mexicano, la frontera entre partido, gobierno y nación empieza peligrosamente a borrarse.
Morena incluso convocó asambleas en defensa de la soberanía después del episodio.
Qué curioso.
No recuerdo semejante movilización nacional para exigir que se esclarezcan las denuncias alrededor del huachicol fiscal.
Tampoco para pedir investigaciones exhaustivas sobre los contratos señalados por investigaciones periodísticas.
Pero tocaron la visa de Andy y aparecieron los tambores de guerra.
El asunto sería hasta cómico si detrás no existiera algo bastante más serio.
La impunidad —o incluso la percepción de que determinadas personas reciben protección política— termina destruyendo instituciones.
Y cuando esa percepción alcanza a familiares de quienes ocuparon el máximo poder del país, la obligación del Gobierno no debería ser cerrar filas, sino exactamente la contraria: abrir expedientes, transparentar información y permitir investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
Si Andy López Beltrán no tiene ninguna responsabilidad, una investigación seria sería su mejor defensa.
No un mitin.
No una asamblea.
No una bandera.
No convertir a Estados Unidos en el villano perfecto.
La respuesta tendría que ser mucho más sencilla:
investiguen.
Y si no existe delito, que quede demostrado.
Porque defender la soberanía también significa tener fiscalías capaces de investigar a los poderosos sin importar su apellido.
Soberanía es que México pueda combatir sus propias redes de corrupción.
Soberanía es impedir que millones de litros de combustible entren ilegalmente al país.
Soberanía es saber quién permitió el huachicol fiscal, quién se benefició y dónde terminó el dinero.
Soberanía es tener instituciones suficientemente fuertes para que Estados Unidos no tenga que decirnos quién merece sospechas y quién no.
Y precisamente ahí radica el riesgo de utilizar el nacionalismo como escudo.
Cuando un gobierno comienza a presentar los cuestionamientos contra sus integrantes como ataques contra la patria, el mensaje implícito resulta peligrosísimo:
criticar al movimiento es criticar a México.
Y no.
México es mucho más grande que Morena.
Mucho más grande que Claudia Sheinbaum.
Mucho más grande que Andrés Manuel López Obrador.
Y, por supuesto, muchísimo más grande que la visa de su hijo.
Lo verdaderamente peligroso para la estabilidad de un país no es que Washington le cierre la puerta a un político mexicano.
Es que los ciudadanos comiencen a convencerse de que existen dos tipos de justicia: una para ellos y otra para quienes tienen apellido, partido y acceso a Palacio Nacional.
Porque cuando las instituciones dejan de generar confianza, el vacío no permanece vacío.
Lo llenan la polarización, el enojo, los rumores, las filtraciones extranjeras y finalmente otros gobiernos.
Y entonces sí tendremos un problema de soberanía.
Quizá por eso, antes de organizar otra asamblea para defender a México de la terrible amenaza de una visa cancelada, alguien debería hacerse una pregunta bastante menos patriótica pero mucho más importante:
¿Qué han hecho las instituciones mexicanas para esclarecer las acusaciones que pesan sobre Andrés Manuel López Beltrán?
Porque para defender la soberanía primero hay que defender la ley.
Y si la bandera termina utilizándose para proteger políticamente a los cercanos al poder, entonces no estamos defendiendo a México.
Estamos intentando, una vez más, tapar el sol con un dedo.
Y el Bolero de siempre me dijo que cuando desde Palacio necesitan una bandera tan grande para explicar una visa tan pequeña, quizá lo importante no sea lo que quieren que miremos…
sino todo aquello que esperan que dejemos de ver.
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