Luego de 153 días de protesta permanente frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el colectivo Haz Valer Mi Libertad anunció el retiro del plantón que mantenía desde febrero para exigir la revisión de expedientes de personas que considera fueron encarceladas de manera injusta.
La organización explicó que la decisión fue tomada después de la instalación de mesas de trabajo con la Vicefiscalía General, las cuales se abrieron tras las gestiones realizadas ante la Secretaría de Gobernación. No obstante, sus integrantes señalaron que continuarán con las acciones legales y de movilización hasta obtener resoluciones en los casos que acompañan.
Durante una conferencia de prensa, las familias afirmaron que el fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, no sostuvo encuentros con el colectivo durante los cinco meses que permanecieron frente a las instalaciones de la institución.
Actualmente, Haz Valer Mi Libertad acompaña 19 expedientes que, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, corresponden a personas cuyos casos presentan elementos que ameritan una revisión jurídica. Los asuntos siguen distintas rutas legales, entre ellas solicitudes de amnistía, reconocimiento de inocencia, amparos y revisiones ministeriales.
Las familias también solicitaron agilizar los procedimientos que permanecen en trámite y revisar la situación de personas recluidas en penales federales para que puedan ser trasladadas a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen.
Como parte de la conferencia, el colectivo informó que fortalecerá su coordinación con organizaciones de otras entidades mediante la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, integrada por agrupaciones de estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Sonora, Hidalgo, Durango, Baja California y Yucatán, entre otros.
Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que esta articulación busca impulsar una agenda común sobre personas privadas de la libertad, desapariciones y otras demandas relacionadas con derechos humanos.
Además, adelantó que durante los próximos meses realizarán encuentros regionales y una movilización nacional para mantener vigentes las exigencias de los colectivos participantes.
Aunque el campamento fue retirado este lunes, las familias aseguraron que continuarán dando seguimiento a las mesas de trabajo con autoridades estatales y federales, al considerar que aún existen expedientes pendientes de resolución y procesos que requieren mayor celeridad.
Pedro Pérez | #SéUnoNoticias
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