La política mexicana atraviesa una etapa peligrosa. No por la confrontación entre partidos ni por las campañas permanentes, sino por algo más profundo: la normalización del cinismo. Cada vez son más frecuentes las declaraciones de funcionarios que, lejos de generar indignación inmediata dentro de sus propios círculos, terminan justificadas bajo el argumento de “era broma”, “se sacó de contexto” o “la gente exageró”.
El caso reciente del alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, retrata con claridad ese problema. Sus declaraciones sobre supuestamente “quedarse con terrenos” provocaron polémica nacional. Aunque posteriormente se intentó presentar el comentario como una broma, el fondo del asunto resulta preocupante. Porque cuando un servidor público habla con ligereza sobre abusos de poder, despojos o posibles actos de corrupción, el mensaje que transmite no es humor político: es una peligrosa normalización de prácticas que durante décadas dañaron al país.
La gravedad no radica únicamente en la frase. El verdadero problema es la desconexión entre muchos políticos y el impacto social de sus palabras. En un país donde miles de personas enfrentan conflictos por propiedad, invasiones, despojos o corrupción inmobiliaria, bromear con “adueñarse” de terrenos no parece una ocurrencia inocente. Parece soberbia. Parece impunidad. Y, sobre todo, parece un síntoma de que algunos funcionarios creen que el cargo también les otorga permiso para burlarse de la indignación ciudadana.
La política mexicana siempre ha tenido personajes polémicos. Sin embargo, antes existía al menos cierto cuidado institucional. Hoy ocurre lo contrario. Muchos actores públicos descubrieron que la controversia dura apenas unos días y que después todo sigue igual. La consecuencia es una competencia permanente por ver quién dice la frase más escandalosa sin asumir costos reales.
Ese desgaste también tiene efectos democráticos. Cuando la ciudadanía escucha comentarios frívolos sobre corrupción, violencia o abuso de poder, comienza a perder confianza en las instituciones. Y cuando la confianza desaparece, aparece el desencanto. La gente deja de creer en gobiernos, partidos y representantes. El problema es que esa erosión no ocurre de golpe; avanza lentamente hasta convertir el cinismo político en algo cotidiano.
Además, resulta preocupante que muchos funcionarios ya no distingan entre cercanía popular y vulgarización del poder. Intentar parecer “relajado” o “coloquial” no debería implicar trivializar temas sensibles. Un alcalde no es un comediante improvisado. Cada palabra que pronuncia tiene peso público, institucional y político.
México necesita funcionarios más conscientes de la responsabilidad que implica hablar desde el poder. Porque las bromas también revelan convicciones, visiones y formas de entender el servicio público. Y cuando las “bromas” giran alrededor de posibles abusos, privilegios o actos indebidos, quizá el problema no sea únicamente el chiste, sino la naturalidad con la que se pronuncia.
Lo más alarmante es que muchos políticos parecen haber perdido la capacidad de sentir vergüenza pública. Y una democracia sin vergüenza institucional corre el riesgo de acostumbrarse demasiado rápido al deterioro ético de quienes gobiernan.
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