El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa para tipificar la explotación laboral infantil como delito. La propuesta contempla sanciones de hasta nueve años de prisión. La diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández impulsa este proyecto. La medida busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes. Además, pretende establecer acciones coordinadas entre autoridades estatales y municipales.
Detalles de la iniciativa legislativa
La propuesta establece una pena base de seis años de prisión. Esta sanción podría incrementarse hasta nueve años en casos agravados. La legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo se sumó a la iniciativa.
El delito se configuraría cuando una persona utilice o se beneficie del trabajo infantil. También aplicaría si alguien obliga, induce o facilita estas actividades. La medida incluye a quienes actúan de forma directa o mediante terceros.
En el caso de adolescentes, el delito se configurará si el trabajo afecta su salud. También aplicará si limita su educación o vulnera su desarrollo integral. Las condiciones peligrosas o ilícitas serán consideradas agravantes.
Agravantes y sanciones adicionales
El proyecto contempla sanciones más severas en contextos específicos. Entre ellos se encuentran menores de 15 años o con discapacidad. También incluye a quienes pertenecen a comunidades indígenas o viven en pobreza.
Las penas aumentarán si el responsable es un familiar o tutor. En estos casos, las autoridades podrían suspender o retirar la patria potestad. Estas medidas buscan reforzar la protección del entorno familiar.
Contexto del trabajo infantil en la entidad
La legisladora destacó que el trabajo infantil sigue siendo un problema persistente. Esta situación afecta derechos como educación, salud y desarrollo integral.
Datos del Programa de Protección Integral 2025–2029 revelan cifras relevantes. En municipios como Ecatepec y Naucalpan, entre 10 y 12 por ciento de menores trabajan en condiciones de riesgo. En Toluca y Tecámac, la cifra oscila entre siete y 10 por ciento.
En regiones como Tejupilco y Tlatlaya, el porcentaje supera el 12 por ciento. Estas zonas presentan altos niveles de ausentismo escolar. Además, registran limitada supervisión institucional.
Acciones de prevención y atención
La iniciativa propone acciones coordinadas entre autoridades. Estas incluyen prevención, detección y atención del trabajo infantil. También plantea la restitución integral de derechos.
Las medidas contemplan canalización a instancias de protección. Se busca garantizar acceso y permanencia en el sistema educativo. También se incluye atención médica y psicológica.
El proyecto incorpora acompañamiento familiar y comunitario. Asimismo, promueve evitar la estigmatización de las víctimas. Las autoridades ofrecerán orientación y capacitación a tutores.
Coordinación institucional y políticas públicas
El planteamiento incluye la generación de diagnósticos y registros oficiales. Estas herramientas permitirán diseñar políticas públicas efectivas. Participarán diversas dependencias estatales y municipales.
Entre ellas destacan la Secretaría del Trabajo y el DIF estatal. También se involucra el Sipinna y el Instituto Nacional de Estadística.
Las autoridades educativas implementarán medidas contra el abandono escolar. Estas incluyen tutorías, regularización académica y flexibilización educativa. También se prevé vinculación con programas sociales.
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