El Congreso del Estado de México llevó a cabo consultas públicas, libres e informadas en 48 municipios con presencia indígena y afromexicana. El objetivo fue recabar opiniones para fortalecer una reforma constitucional que busca reconocer a estos pueblos como sujetos de derecho público.
Participación regional y actores involucrados
Las consultas se desarrollaron mediante cinco asambleas regionales. Estas se instalaron en Acambay de Ruiz Castañeda, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco. En cada sede participaron representantes comunitarios, autoridades locales y legisladores.
Además, asistieron integrantes del gobierno estatal y del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. También participó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como observador independiente.
Por lo tanto, el proceso se realizó con acompañamiento institucional y bajo estándares constitucionales. Asimismo, se buscó garantizar una participación informada mediante materiales accesibles y traducciones a lenguas indígenas.
Reforma busca reconocimiento jurídico y autonomía
La iniciativa pretende reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, plantea otorgarles autonomía para ejercer su libre determinación.
En consecuencia, se propone que estas comunidades puedan definir sus formas de gobierno interno. También se contempla su derecho a elegir autoridades conforme a sus sistemas normativos tradicionales.
Asimismo, el proyecto incluye el reconocimiento de sus instituciones sociales, económicas y culturales. De igual forma, promueve la igualdad de género en la participación política comunitaria.
Derechos culturales, sociales y territoriales
Durante las consultas, las comunidades expresaron su postura sobre diversos derechos. Entre ellos, destacaron la preservación del patrimonio cultural y el fortalecimiento de sus lenguas.
Además, señalaron la importancia de participar en modelos educativos interculturales. También impulsaron el reconocimiento de la medicina tradicional y la partería.
Por otro lado, se abordaron temas como la protección de territorios y recursos naturales. En consecuencia, se planteó la necesidad de garantizar su participación en decisiones que impacten sus comunidades.
Inclusión y desarrollo integral
El proyecto también considera medidas para mejorar el acceso a salud, educación y vivienda. Asimismo, plantea ampliar la conectividad y el acceso a tecnologías de la información.
Mientras tanto, se propuso fortalecer la inclusión de mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos. En este sentido, se destacó su derecho a participar en decisiones públicas en condiciones de igualdad.
Finalmente, las consultas permitieron integrar propuestas ciudadanas al proceso legislativo. Por lo tanto, el Congreso mexiquense avanza en la armonización constitucional en materia de derechos indígenas.
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