Diputados de Morena, PVEM y PT en el Estado de México presentaron una iniciativa para armonizar la legislación local con el llamado “Plan B” electoral federal. La propuesta busca reforzar la austeridad, combatir el nepotismo y modificar el calendario electoral.
Los coordinadores parlamentarios José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez impulsan estas reformas en la LXII Legislatura mexiquense. La iniciativa responde a cambios constitucionales federales promovidos por Claudia Sheinbaum.
Ajustes clave en el sistema político
El proyecto plantea reducir privilegios y fortalecer el uso responsable del gasto público. Además, propone que el presupuesto del Congreso estatal no supere el 0.70% del gasto total anual.
Asimismo, establece que legisladores y autoridades municipales no podrán reelegirse de forma consecutiva. Sin embargo, los suplentes sí podrían competir como propietarios si no ejercieron el cargo.
En materia de nepotismo, la iniciativa prohíbe candidaturas de personas con vínculos familiares cercanos con funcionarios en funciones. Esta medida aplicaría también a la gubernatura y ayuntamientos.
Cambios en el calendario electoral
Uno de los puntos centrales es adelantar el inicio del proceso electoral de enero a septiembre. En consecuencia, la convocatoria a elecciones deberá emitirse antes del 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral.
Además, se amplían los plazos para el registro de candidaturas y se ajustan las etapas de precampaña. Esto permitiría mayor organización y planeación tanto para autoridades como para partidos políticos.
Inclusión juvenil y equidad de género
La iniciativa también incorpora criterios para fomentar la participación de jóvenes. Se considerará como tales a personas de entre 18 y 29 años en ayuntamientos, y de 21 a 29 en diputaciones.
Asimismo, se refuerzan principios de paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva en la integración de los órganos de gobierno.
Impacto presupuestal y administrativo
El documento establece límites a las remuneraciones de funcionarios electorales. Ningún salario podrá superar al de la Presidencia de la República.
También se prohíbe el uso de recursos públicos para seguros privados o beneficios adicionales no contemplados en la ley. Por lo tanto, se busca eliminar gastos considerados excesivos.
En cuanto a los municipios, los ahorros generados deberán destinarse a obras de infraestructura pública. Esto pretende beneficiar directamente a la población.
Contexto y relevancia
La propuesta responde a la necesidad de adecuar la legislación estatal a nuevas disposiciones federales. Además, busca mejorar la eficiencia institucional ante la creciente complejidad de los procesos electorales.
En particular, la elección simultánea de cargos locales y judiciales implicará mayores retos operativos. Por ello, se plantea anticipar etapas y ampliar tiempos de organización.
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