La discusión legislativa para sancionar los ataques con sustancias químicas en la entidad abrió un nuevo frente, luego de que sobrevivientes agrupadas en la Fundación Carmen Sánchez señalaron que las iniciativas que actualmente se analizan en el Congreso local retoman parte de su trabajo, pero sin reconocer ni incorporar de forma íntegra la propuesta que ellas impulsaron desde 2025.
De acuerdo con la organización, la iniciativa ciudadana que presentaron ante la Legislatura surgió tras años de acompañamiento a víctimas y documentación de casos, lo que permitió identificar vacíos legales en la forma en que estos ataques son investigados y sancionados. Sin embargo, acusaron que ese trabajo no está siendo considerado en el proceso formal.
Carmen Sánchez, presidenta de la fundación y sobreviviente de un ataque con ácido, explicó que el planteamiento que elaboraron no solo busca tipificar la violencia química como delito específico, sino también atender las consecuencias que enfrentan las víctimas a largo plazo.
“Las iniciativas que se están presentando tienen parte del trabajo que hemos hecho desde la fundación, pero no están retomando todo lo que implica la atención integral a las sobrevivientes”, señaló.
Entre las diferencias, destacaron que su propuesta contempla reformas a la Ley de Víctimas, además de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatal, con el objetivo de garantizar tratamientos médicos, apoyo psicológico y medidas de reparación del daño.
Las integrantes de la organización señalaron que, en muchos casos, las mujeres que sobreviven a este tipo de agresiones deben costear por cuenta propia procedimientos que pueden alcanzar hasta más de un millón de pesos, sin acceso continuo a servicios de salud especializados.
En ese contexto, consideraron que dejar fuera su iniciativa implica no solo una omisión legislativa, sino también una falta de reconocimiento al conocimiento generado desde la sociedad civil, particularmente por quienes han vivido este tipo de violencia.
“Nosotras somos quienes hemos acompañado los casos, quienes hemos documentado lo que pasa después del ataque, y creemos que eso debe reflejarse en la ley”, añadieron.
En el Estado de México, la fundación ha identificado al menos 60 víctimas de ataques con sustancias químicas, aunque no existe un registro oficial.
Ante ello, hicieron un llamado a que el Congreso integre su propuesta en la discusión y construya una legislación que recupere la experiencia directa de las sobrevivientes.
Pedro Pérez / SeUnoNoticias
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