La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio que modifica la percepción sobre la protección de los fondos de retiro en México. El fallo, derivado del amparo 652/2024 y resuelto en marzo de 2026, permite el embargo de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero únicamente en circunstancias específicas.
La resolución indica que estos recursos pueden ser utilizados para cubrir adeudos de pensión alimenticia cuando el beneficiario incumpla con sus obligaciones hacia menores de edad. Sin embargo, la Corte subrayó que esta medida responde a la prioridad del interés superior de la niñez.
Límites estrictos para el embargo
El fallo establece condiciones claras para aplicar esta medida. En primer lugar, el embargo solo procede en casos de pensión alimenticia. Por lo tanto, no se permite utilizar los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro para cubrir deudas bancarias, comerciales u otras obligaciones.
Además, la autoridad debe comprobar que el trabajador no cuenta con bienes muebles o inmuebles que puedan cubrir la deuda. Asimismo, el embargo se considera como último recurso dentro del proceso legal.
Por otra parte, el trabajador debe encontrarse desempleado. Mientras tanto, si percibe un salario, este será la fuente principal para cumplir con la obligación alimentaria.
Topes para proteger el ahorro
La SCJN también fijó límites al monto embargable. En consecuencia, la cantidad a retirar será el menor entre dos opciones: el 10% del saldo de la subcuenta de retiro o el equivalente a 75 días del salario base de cotización promedio de los últimos cinco años.
Este mecanismo busca evitar que los fondos de retiro se agoten completamente. Además, protege la estabilidad económica futura del trabajador, incluso en casos de incumplimiento.
Impacto para trabajadores y empleadores
El fallo redefine el alcance de la seguridad social en México. Sin embargo, mantiene un equilibrio entre el derecho al retiro y las obligaciones familiares. Asimismo, especialistas recomiendan cumplir de forma puntual con las pensiones alimenticias para evitar sanciones.
En consecuencia, este criterio obliga a trabajadores y empleadores a informarse sobre sus derechos y responsabilidades. Además, abre un precedente legal que podría influir en futuros casos similares.
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