Durante el primer trimestre de 2026, el Congreso del Estado de México aprobó un paquete de reformas enfocadas en fortalecer la seguridad pública, mejorar la procuración de justicia y ampliar la protección a víctimas de violencia.
La LXII Legislatura avaló cambios constitucionales que permiten a la Secretaría de Seguridad y a corporaciones policiales estatales y municipales participar en la investigación de delitos. Sin embargo, estas acciones se mantienen bajo la conducción del Ministerio Público. Además, se reforzaron las mesas de paz como mecanismos clave de coordinación operativa.
Combate a la extorsión y “cobro de piso”
Entre las medidas más relevantes, el Congreso expidió una nueva ley para prevenir, atender y combatir la extorsión. Esta legislación pone especial énfasis en el delito conocido como “cobro de piso”. Asimismo, establece su persecución de oficio, lo que permite a las autoridades actuar sin necesidad de denuncia previa.
Por lo tanto, el delito fue eliminado del Código Penal estatal, debido a que ya se contempla en la legislación general federal. Además, la nueva normatividad obliga a los centros penitenciarios a implementar tecnologías para inhibir comunicaciones ilícitas desde su interior.
Avances en protección a víctimas
En materia de derechos de las víctimas, la Legislatura creó el Juzgado LIBRE, especializado en emitir órdenes de protección en casos de violencia de género. Asimismo, se tipificaron nuevas formas de violencia, como la vicaria y la digital.
La violencia vicaria contempla sanciones de hasta ocho años de prisión. Mientras tanto, la violencia digital se define como cualquier acción dolosa realizada mediante tecnologías de la información.
Además, se establecieron medidas inmediatas de protección para las víctimas. En consecuencia, se busca garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de riesgo.
Fortalecimiento del sistema judicial
En el ámbito judicial, se incorporó la figura de nulidad de juicio concluido. Esta permite invalidar resoluciones obtenidas mediante fraude o pruebas falsas. Asimismo, se aprobó la integración de tribunales de alzada unipersonales.
Por otro lado, se fortalecieron las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Esto se logró mediante una mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales.
En conjunto, estas reformas buscan responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad y justicia. Además, reflejan un esfuerzo institucional por garantizar mayor protección a las víctimas en el Estado de México.
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