Dos elementos de la policía municipal de Chalco fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro exprés de un adolescente en el Estado de México. El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2026 en la comunidad de San Martín Cuautlalpan.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), los uniformados interceptaron al menor en la vía pública. Posteriormente, lo subieron por la fuerza a una patrulla oficial y lo mantuvieron retenido contra su voluntad.
Además, los policías contactaron a los familiares de la víctima para exigir un pago de 15 mil pesos a cambio de su liberación. La situación generó alerta entre los afectados, quienes solicitaron apoyo a elementos estatales.
Operativo permitió la captura
Durante la negociación, policías estatales implementaron un operativo para dar seguimiento al caso. Mientras tanto, los familiares acordaron la entrega del dinero, lo que permitió ubicar a los presuntos responsables.
En consecuencia, los agentes estatales intervinieron en el momento del intercambio y lograron detener a los dos policías municipales. Ambos se encontraban uniformados, armados y a bordo de una unidad oficial identificada con el número CH-748.
Asimismo, la patrulla estaba asignada a labores de combate al robo de vehículos, según el balizado visible en la unidad. Este elemento refuerza la gravedad del caso, debido al uso indebido de recursos públicos.
Proceso legal en curso
Los detenidos, de aproximadamente 30 años, fueron presentados ante la Fiscalía Antisecuestros de Nezahualcóyotl. Por lo tanto, será esta instancia la que determine su situación jurídica en los próximos días.
Por otro lado, el adolescente fue liberado sin lesiones graves y regresó con su familia. Sin embargo, el caso ha generado preocupación entre la población por el involucramiento de elementos policiales en delitos de alto impacto.
Antecedentes recientes en Chalco
Este hecho no es aislado. El pasado 16 de febrero se reportó otro caso de secuestro en el municipio, presuntamente vinculado a un policía de tránsito. En esa ocasión, los responsables exigieron 4 millones de pesos por la liberación de un integrante de la Policía Bancaria e Industrial.
Además, aunque la víctima fue liberada y hubo detenciones, el presunto líder del grupo criminal continúa prófugo. Mientras tanto, la alcaldesa Abigail Sánchez Martínez no ha emitido una postura pública.
En consecuencia, estos casos reflejan un problema de seguridad y posible infiltración del crimen dentro de corporaciones municipales, lo que incrementa la exigencia ciudadana de controles más estrictos.
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