Nada bueno suele salir cuando el Estado decide “mejorar” las reglas con las que se compite electoralmente. Esa es, quizá, la sospecha de fondo que rodea la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum en 2026.
En el papel la propuesta suena impecable: austeridad, eficiencia, menos gasto, más participación ciudadana. ¿Quién podría oponerse a reducir el costo de las elecciones? ¿Quién defendería que los partidos sigan recibiendo millones mientras el discurso oficial habla de recortar privilegios?
El problema no es el envoltorio.
Es el contenido.
En materia electoral existe un principio básico que debería ser incuestionable: el gobierno no debe rediseñar el terreno en el que se compite electoralmente. Su papel es otro. El Estado debe mantenerse al margen de la contienda, actuar con imparcialidad y garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones de equidad, legalidad y transparencia.
Solo así puede asegurarse que sean los ciudadanos —y no el poder en turno— quienes decidan libremente quién los gobierna.
Para eso existen las instituciones electorales.
El Instituto Nacional Electoral no fue creado para ser cómodo para los gobiernos en turno, sino para ser un árbitro frente a ellos. Su función es organizar elecciones confiables, vigilar el financiamiento político y garantizar que el voto se respete.
Por eso el instituto debe fortalecerse, ciudadanizarse y dotarse de capacidades técnicas suficientes, no debilitarse.
Debilitar al árbitro nunca ha sido una buena receta para fortalecer la democracia.
La propuesta de simplificar su estructura se presenta como eficiencia administrativa. Pero cuando el árbitro se vuelve más pequeño mientras el jugador dominante conserva mayoría legislativa, la pregunta inevitable es otra: ¿se fortalece el sistema… o se debilita el contrapeso?
Algo similar ocurre con la idea de reducir el financiamiento público a los partidos. La medida suena popular, pero tiene implicaciones profundas. Cuando disminuye el financiamiento público, inevitablemente crece la influencia del financiamiento privado.
La política no se abarata.
Simplemente cambia de patrocinador.
También se plantea modificar el sistema de representación proporcional —los famosos plurinominales—. Puede parecer una corrección técnica, pero históricamente esos espacios han permitido que las minorías políticas tengan presencia en el Congreso.
Reducirlos no elimina privilegios.
Reduce pluralidad.
Y en democracia, la pluralidad no es un problema; es una garantía.
Otro punto importante es el argumento de la austeridad. Aquí conviene hacer una distinción que muchas veces se pierde en el debate público: no es lo mismo recortar gastos que eficientar gastos.
Eficientar implica gastar mejor, eliminar duplicidades y mejorar procesos. Recortar presupuestos, en cambio, puede terminar debilitando las capacidades operativas de la institución encargada de organizar elecciones en uno de los países más grandes y complejos del mundo.
El riesgo es evidente: un instituto electoral con menos recursos puede tener menos capacidad para hacer bien su trabajo.
Y en democracia, los errores electorales no son simples fallas administrativas. Son crisis de confianza.
El punto más delicado no está en cada artículo de la reforma, sino en el contexto político en el que surge. La iniciativa se impulsa desde una mayoría legislativa sólida. No es un acuerdo amplio entre fuerzas políticas; es una propuesta diseñada desde el poder para redefinir el terreno en el que se disputará el poder.
La historia latinoamericana ofrece una lección clara: cuando el Estado modifica las reglas del sistema electoral desde el gobierno, rara vez lo hace para debilitarse.
¿Es ilegal? No.
¿Tiene elementos técnicamente discutibles y defendibles? Sí.
¿Es políticamente inocente? Difícil creerlo.
Las democracias no se erosionan de golpe.
Se rediseñan paso a paso.
Por eso el verdadero debate no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta el sistema electoral, sino en qué tan confiable queremos que sea.
Porque en política existe una regla no escrita:
quien diseña el tablero casi siempre tiene claro cómo quiere que termine la partida.
