Un nuevo caso de presunta extorsión por parte de policías ministeriales fue captado en video por un ciudadano en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. El hecho ocurrió a plena luz del día en una vialidad concurrida, donde agentes ministeriales presuntamente exigían dinero a un automovilista. Al ser descubiertos, los oficiales amenazaron al testigo que documentaba el acto con su teléfono móvil.
Amenazas por grabar a los agentes
El video, difundido por el periodista Fernando Cruz, muestra cómo dos elementos vestidos con pantalón negro y camisa blanca se acercan al hombre que grababa la escena. De manera intimidante, le exigieron entregar el celular y lo amenazaron con presentarlo ante el Ministerio Público si se negaba a hacerlo.
—“A ver, ¿por qué lo vas a trasladar?”, cuestionó una acompañante del denunciante.
—“A ver, cálmate, cálmate”, respondió una de las agentes mientras su compañero intentaba arrebatarle el teléfono.
El ciudadano se resguardó sobre una plataforma y comenzó a pedir ayuda a gritos. Ante la presión pública, los agentes decidieron retirarse del lugar sin lograr su cometido.
Aumentan denuncias por operativos ilegales
El hecho ocurre en el contexto de múltiples denuncias sobre extorsiones en la zona cercana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El diputado Samuel Hernández Cruz alertó sobre la existencia de operativos realizados por supuestos agentes ministeriales que exigen hasta 100 mil pesos a los automovilistas y los privan de la libertad por varias horas.
Durante una conferencia de prensa, el legislador informó que se entregó un documento oficial a la Fiscalía del Estado de México, solicitando una investigación formal y la detención de los presuntos extorsionadores.
Impunidad y desconfianza ciudadana
El incidente registrado en Nextlalpan refleja una creciente preocupación entre la población por el abuso de poder y la impunidad con la que operan presuntos agentes ministeriales. La falta de respuestas claras por parte de las autoridades alimenta el temor y la desconfianza hacia los cuerpos de seguridad en la región.
Este nuevo caso de intento de extorsión pone en evidencia los riesgos que enfrentan los ciudadanos al denunciar actos de corrupción y abuso policial. La respuesta institucional será clave para recuperar la confianza pública y garantizar el respeto a los derechos civiles en el Estado de México.
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