La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este lunes 8 de diciembre al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto delito de lavado de dinero. La detención se llevó a cabo en la capital del estado, donde el político priista se encontraba bajo libertad condicional pese a enfrentar múltiples acusaciones por corrupción.
Fuentes del Gobierno federal confirmaron a El País que Duarte será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. Esta prisión alberga a criminales de alto perfil y simboliza un endurecimiento de las medidas contra el exmandatario.
Antecedentes judiciales y acusaciones
César Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su administración, fue acusado de desvío de recursos y asociación delictuosa, por lo que fue investigado durante el mandato de su sucesor, el panista Javier Corral. El gobierno estatal documentó un quebranto financiero de 6.000 millones de pesos, presuntamente canalizados en beneficio personal del exgobernador, quien adquirió propiedades en México y Estados Unidos.
En 2022, Duarte fue extraditado desde Estados Unidos a solicitud del gobierno estatal. Sin embargo, bajo la administración de la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos, recibió facilidades para enfrentar su proceso en libertad.

Cambio de estrategia: intervención federal
La visible libertad con la que Duarte se desplazaba y sus constantes apariciones públicas generaron críticas y preocupaciones desde el Gobierno federal. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum advirtieron sobre el mensaje de impunidad que este caso proyectaba.
Hace aproximadamente año y medio, comenzaron las gestiones para solicitar a Estados Unidos la autorización para juzgar a Duarte por delitos del fuero federal, específicamente por lavado de dinero. La autorización fue otorgada la semana pasada, coincidiendo con la entrada de Ernestina Godoy como nueva titular de la FGR, en sustitución de Alejandro Gertz.
Este arresto se convierte en la primera acción de alto impacto bajo la gestión de Godoy y marca un viraje en la estrategia judicial hacia el exmandatario.
Relevancia nacional
La detención de Duarte envía una señal de que el Gobierno federal busca reforzar el combate a la corrupción, incluso cuando las autoridades locales muestran señales de complacencia. Además, reactiva un caso que había sido interpretado por diversos sectores como ejemplo de impunidad.
El traslado al Altiplano subraya la gravedad de los delitos imputados y representa una advertencia para otros actores políticos vinculados a actos ilícitos.
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