México encabeza el ranking global en actividad criminal, de acuerdo con el Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC). El país obtuvo una puntuación de 8.27 en mercados ilícitos, superando a todas las naciones evaluadas, y se posicionó en tercer lugar en criminalidad total, solo detrás de Myanmar y Colombia.
Este índice analiza tanto la presencia y fuerza de los grupos criminales como la capacidad del Estado para enfrentarlos. En el caso mexicano, el estudio revela un entramado criminal complejo, con operaciones extendidas por el territorio y vínculos internacionales.
Diversificación del crimen organizado
El informe detalla que México enfrenta un sistema delictivo altamente diversificado. Entre los delitos con mayor presencia se encuentran el tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, tráfico de armas, contrabando de migrantes, crímenes ambientales y delitos financieros.
El país destaca por su papel como corredor estratégico en el tráfico de cocaína y drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. Estos mercados ilícitos alcanzaron puntuaciones cercanas al máximo en la medición de GI-TOC.
Cárteles con poder transnacional
Los principales operadores de estos mercados son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según el documento, estos grupos funcionan como corporaciones transnacionales:
Mantienen amplias zonas bajo control mediante la violencia y la cooptación social. Cuentan con redes logísticas complejas para el tráfico internacional. Infiltran estructuras del Estado, incluso cárceles. Tienen fuerza laboral y recursos equiparables a grandes empresas.
Su capacidad operativa convierte al crimen organizado en una amenaza directa para la seguridad, la economía y la gobernabilidad del país.
Resiliencia institucional limitada
A pesar de la magnitud del problema, México ocupa el puesto 111 de 193 países en resiliencia institucional. Este indicador mide la eficacia del Estado para prevenir, investigar y sancionar actividades criminales.
El informe critica la militarización de la seguridad pública, impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como un factor que debilitó el control civil y generó preocupación por posibles violaciones a derechos humanos. También advierte sobre la impunidad persistente y la influencia del crimen en procesos judiciales.
Explotación en el sureste mexicano
La trata de personas afecta con especial gravedad a los estados del sur, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las principales víctimas son mujeres, menores de edad y comunidades indígenas, sometidas a explotación sexual, doméstica y laboral.
Según GI-TOC, la pobreza estructural y el aumento del flujo migratorio en la región incrementan el riesgo de que estas poblaciones sean captadas por redes delictivas.
Conclusión: un Estado presionado por economías paralelas
La GI-TOC concluye que México enfrenta un panorama crítico, donde la expansión del crimen organizado ha desbordado la capacidad estatal. La presencia de múltiples economías ilícitas, la influencia transnacional de los cárteles y la debilidad institucional configuran un entorno de criminalidad estructural que desafía de forma directa al Estado de derecho.
Este informe no solo evidencia el tamaño del problema, sino que plantea la urgencia de reformas profundas y sostenidas para recuperar el control sobre el territorio y fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
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