En una acción conjunta entre autoridades locales, estatales y federales, se llevó a cabo el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en San Mateo Atenco. El operativo busca garantizar los derechos humanos, la privacidad de los ciudadanos y el uso legal de la tecnología en espacios públicos.
Coordinación interinstitucional para el retiro de cámaras
El pasado 11 de noviembre de 2025, se realizó un operativo liderado por la Dirección de Seguridad Humana, Orden Vial y Protección Civil (DSHOVyPC) del municipio de San Mateo Atenco. La acción contó con el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La operación fue parte del “Operativo Coordinado de Recuperación de Espacios Públicos y Retiro de Cámaras de Videovigilancia”, una estrategia nacida en el seno de las Mesas de Paz. Su objetivo fue eliminar dispositivos de vigilancia colocados sin cumplir con la normatividad vigente.
Resultado del operativo: 17 cámaras retiradas
Durante el operativo se retiraron 17 cámaras. De estas, 7 no fueron reclamadas por ningún ciudadano y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Las otras 10 fueron devueltas a quienes acreditaron legítimamente su propiedad y aceptaron su reubicación conforme a la ley.
Las autoridades aseguraron que este procedimiento se llevó a cabo con total respeto a los derechos humanos y a la privacidad de los vecinos. Además, destacaron que la videovigilancia, como herramienta de seguridad, debe utilizarse bajo principios de legalidad, transparencia y respeto a la integridad de las personas.
Marco legal y protección de derechos
El uso de cámaras en espacios públicos requiere cumplir con normativas específicas para evitar el monitoreo ilegal. Este tipo de acciones buscan prevenir el uso indebido de la tecnología y garantizar que las iniciativas de vigilancia ciudadana no vulneren los derechos fundamentales.
La ley establece que todo sistema de videovigilancia debe estar registrado, operar con fines de seguridad autorizados y respetar la privacidad. Los operativos como este refuerzan la obligación de aplicar estas reglas y supervisar su cumplimiento en zonas urbanas.
Participación ciudadana y seguimiento institucional
El gobierno municipal enfatizó que esta medida responde a una necesidad de armonizar la innovación en seguridad con un enfoque de legalidad. La colaboración con las Mesas de Paz fue clave para identificar los puntos conflictivos y coordinar el procedimiento sin incidentes.
Las autoridades locales reiteraron su compromiso de mantener el diálogo con la ciudadanía, promover la cultura de la legalidad y seguir actuando con transparencia en la supervisión del espacio público.
La intervención en San Mateo Atenco refleja un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad sin comprometer los derechos fundamentales. El retiro de cámaras no autorizadas demuestra el interés institucional en supervisar el uso legal de la tecnología en la vía pública. Se espera que estas acciones se repliquen en otras zonas del Estado de México donde se detecten irregularidades similares.
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