El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado a tiros durante un evento público. El hecho generó una ola de indignación nacional, pues el edil había denunciado amenazas previas vinculadas al crimen organizado.
Dos días después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio sobre el crimen en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Condenó el asesinato como un acto “cobarde y vil” y aseguró que el gobierno federal no permitirá que este hecho quede impune.
Compromiso con la justicia
Sheinbaum expresó que su administración está en contacto con la familia de Manzo y que el gabinete de seguridad federal ya trabaja en coordinación con las autoridades estatales de Michoacán para esclarecer los hechos. “La única manera de construir paz es con justicia”, afirmó.
La presidenta enfatizó que la Fiscalía General de la República y las fuerzas federales están involucradas en la investigación para dar con los responsables. Agregó que se utilizarán todas las herramientas institucionales para garantizar que se haga justicia.
Sin cambios en la estrategia de seguridad
A pesar del contexto de violencia, Sheinbaum descartó modificar su estrategia de seguridad. Afirmó que su modelo de atención a las causas sociales y fortalecimiento de las policías locales continuará vigente.
“Este crimen, por doloroso que sea, no nos hará retroceder en la construcción de un país más seguro desde la raíz”, declaró, en respuesta a críticas que exigen un enfoque más militarizado.
Protestas y politización
En varias ciudades del país se han convocado marchas para exigir justicia por el asesinato de Manzo. La presidenta reconoció la legitimidad del derecho a manifestarse, pero advirtió sobre posibles intereses políticos detrás de algunas convocatorias.
“El dolor no debe usarse como bandera partidista”, señaló Sheinbaum, sin mencionar nombres ni partidos.
Un crimen con impacto nacional
Carlos Manzo, militante de Morena y activista contra el crimen organizado, era considerado una figura incómoda por sus denuncias constantes sobre inseguridad. Su asesinato ha elevado la presión sobre el gobierno federal para actuar con contundencia.
La presidenta concluyó que su administración seguirá priorizando la justicia y la paz social, y reiteró su respaldo a las familias afectadas por la violencia.
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