La diputada Zaira Cedillo Silva, del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de México la iniciativa conocida como “Ley Malena”, con la que busca castigar los ataques con ácido o sustancias corrosivas con penas de hasta 33 años y cuatro meses de prisión.
La propuesta pretende que el Estado de México se sume a las 13 entidades del país que ya han aprobado legislaciones similares, inspiradas en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido en 2019.
Penas más severas para agresiones por razones de género
De acuerdo con la iniciativa, el uso doloso de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables será sancionado con hasta 15 años de prisión, además de la obligación de reparar el daño mediante la cobertura de cirugías reconstructivas, rehabilitación, prótesis y compensación económica.
Si el ataque causa desfiguración permanente o la pérdida de la función de un órgano o sentido, la pena podría alcanzar 20 años de prisión. En los casos cometidos por razones de género, la condena aumentará hasta 33 años y cuatro meses, además de que las autoridades deberán actuar de oficio y dictar medidas de protección inmediatas.
Atención integral y perspectiva de género
El proyecto también busca incorporar la definición de violencia ácida o química dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconociéndola como una forma de agresión por razones de género.
Asimismo, establece que las víctimas deberán recibir atención médica y psicosocial urgente, y que las órdenes de protección garanticen su reintegración educativa y laboral de manera gratuita y efectiva.
“El Estado de México no puede ser indiferente. Debemos ser un referente en la defensa de la vida y la integridad de las mujeres”, expresó Cedillo durante la sesión deliberante.
Contexto de la violencia ácida en México
Según datos de la Fundación Carmen Sánchez, en julio de 2024 se registraron dos casos de ataques con ácido en Chimalhuacán e Ixtapaluca, lo que posiciona al Estado de México, junto con la Ciudad de México y Puebla, entre las entidades con mayor número de agresiones de este tipo.
La diputada señaló que la aprobación de esta iniciativa representaría un avance histórico en la protección de las mujeres y en el reconocimiento legal de la violencia ácida como un delito autónomo y de alto impacto.
De aprobarse, el Estado de México se uniría al grupo de entidades que han adoptado la “Ley Malena”, reforzando el marco jurídico para castigar de manera ejemplar a los agresores y garantizar justicia integral a las víctimas.
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