El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que cada entidad federativa cuente con Juzgados Especializados en Adopciones.
La propuesta pretende garantizar que los procesos de adopción sean más ágiles, eficientes y humanos, evitando los largos periodos de resolución que afectan a menores en situación de desamparo.
Saturación judicial retrasa la vida de miles de menores
Vargas del Villar explicó que actualmente los Juzgados de lo Familiar enfrentan una fuerte sobrecarga de casos, lo que genera demoras que dejan en incertidumbre a niñas, niños y adolescentes que esperan una familia.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), existen en México más de 30 mil menores en centros de asistencia social, tanto públicos como privados. Sin embargo, entre 2014 y 2024, de 754 solicitudes de adopción, solo el 19.5% concluyeron exitosamente.
“Uno de los mayores problemas es la burocracia y la falta de personal especializado, lo que impide garantizar el interés superior de la niñez”, subrayó el senador panista.
Plazos claros y jueces especializados
La iniciativa propone que los jueces especializados en adopciones dispongan de un plazo máximo de 90 días hábiles para emitir una sentencia sobre la patria potestad de los menores involucrados. Este periodo comenzaría a contar desde el día siguiente de la presentación de la demanda.
El legislador enfatizó que esta medida busca restituir el derecho de los menores a vivir en familia, garantizando procesos claros y sensibles que consideren sus necesidades emocionales y materiales.
Promoción activa del derecho a la adopción
Además, Vargas del Villar propuso modificaciones a la Ley de Asistencia Social y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que el Estado promueva activamente la adopción como un mecanismo de restitución del derecho al cuidado parental.
“El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Es hora de fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar que cada menor crezca en un entorno familiar que le brinde amor, cuidado y protección”, concluyó.
La iniciativa de Enrique Vargas busca reducir la burocracia, profesionalizar la justicia familiar y garantizar que los menores en desamparo encuentren un hogar en menos tiempo. De aprobarse, podría marcar un cambio estructural en el sistema de adopciones en México, priorizando el bienestar y los derechos de la niñez.
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