La empresa Adidas inició conversaciones con el Gobierno de Oaxaca tras la controversia por su modelo “Oaxaca Slip On”, inspirado en los huaraches tradicionales mexicanos. La disputa surge por presunto plagio y uso no autorizado de diseños de comunidades originarias. Autoridades federales y estatales exigen reparación, reconocimiento y respeto a la Ley de Patrimonio.
Contexto del conflicto
El modelo, presentado por el diseñador estadounidense Willy Chavarría en colaboración con Adidas, despertó críticas en redes sociales y en círculos culturales. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca solicitó detener de inmediato su comercialización. Además, pidió una reparación a la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, reconocida por su tradición en la elaboración de huaraches.
El gobernador Salomón Jara anunció una denuncia formal el 5 de agosto. La administración estatal considera que el diseño reproduce elementos culturales sin autorización y sin retribuir a quienes mantienen viva esta tradición.
Declaraciones del gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que Adidas ya contactó al Gobierno de Oaxaca. Indicó que se abrirán mesas de diálogo con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
Sheinbaum recalcó que los huaraches representan “propiedad intelectual colectiva” y que la Ley de Patrimonio exige un resarcimiento. También advirtió que, si no se llega a un acuerdo, se evaluarán acciones legales.
Posición de Adidas y del diseñador
Aunque Adidas no ha emitido una postura pública detallada, el acercamiento con autoridades sugiere disposición a negociar. Willy Chavarría, responsable del diseño, es conocido por integrar influencias chicanas y mensajes políticos en sus creaciones. Sin embargo, críticos cuestionan si su propuesta hacia los pueblos originarios de México es un homenaje o un caso de apropiación cultural.
Próximos pasos y marco legal
El gobierno de Oaxaca insistirá en el reconocimiento público del origen cultural del diseño y en beneficios tangibles para la comunidad afectada. Paralelamente, se trabaja en una nueva legislación para fortalecer la protección del patrimonio cultural y evitar situaciones similares.
El caso se enmarca en un debate global sobre derechos colectivos de comunidades indígenas frente a la explotación comercial por empresas multinacionales.
