La noche del sábado 2 de agosto, un motín en el Centro de Reclusión Social de Tuxpan, Veracruz, dejó un saldo de siete personas fallecidas y once heridas. De acuerdo con el gobierno estatal, la revuelta fue provocada por tres internos que denunciaron abusos y control por parte de un grupo criminal. El operativo para recuperar el control involucró a fuerzas estatales, federales y organismos de derechos humanos.
Origen del motín: denuncias contra el Grupo Sombra
Videos difundidos en redes sociales revelaron que los internos se levantaron en protesta contra el presunto control ejercido por el grupo delictivo conocido como Grupo Sombra. Según los testimonios grabados, este grupo opera con apoyo de autoridades penitenciarias y municipales.
Uno de los internos afirmó:
“Ya nos tenía hasta la madre Grupo Sombra… se querían pasar de ver** con el apoyo de las autoridades”.
Otro señaló que desde el penal se ordenó el asesinato de la maestra Irma Hernández, hecho que habría sido el detonante inmediato del motín.
Estas acusaciones reflejan un contexto de corrupción y criminalidad dentro del penal, lo que genera una profunda preocupación sobre el estado de gobernabilidad en los centros penitenciarios de Veracruz.
Operativo de contención y consecuencias
La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que tras el motín se activó un operativo coordinado entre Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La intervención permitió restablecer el control del penal.
El boletín oficial detalló que:
- Siete internos murieron
- Once personas resultaron heridas
Tres reos fueron trasladados a otros penales por ser señalados como iniciadores del conflicto
Las personas lesionadas reciben atención médica en hospitales regionales, aunque no se ha dado a conocer su estado de salud. No se reportaron bajas entre elementos de seguridad.
Reacción de familiares y contexto social
Afuera del penal, decenas de familiares se concentraron durante la madrugada del domingo, buscando información sobre sus seres queridos. La tensión fue evidente, con gritos de angustia y reclamos hacia las autoridades penitenciarias.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha respondido a las acusaciones de colusión entre personal del penal y el Grupo Sombra. Tampoco se han iniciado investigaciones públicas sobre la posible corrupción dentro de la administración penitenciaria.
