El Estado de México sumó el feminicidio número 80 en lo que va del año con el asesinato de Jennifer, una joven estudiante de 18 años, localizada sin vida en el baño de su vivienda. El crimen ocurrió en la comunidad de San Ildefonso, en Ixtlahuaca, al norte del estado.
El hallazgo se registró la tarde del miércoles 23 de julio de 2025, cuando familiares y conocidos decidieron acudir a su domicilio tras no recibir respuesta a llamadas telefónicas. La joven yacía atada, con visibles heridas de arma blanca, en una zona cercana al camino que conduce a Loma del Toro.
Detalles de la escena y primeros informes policiales
Jennifer fue hallada tirada bocarriba en el baño. Llevaba puesto un pants azul y una sudadera negra. Los paramédicos confirmaron su muerte tras no hallar signos vitales.
Elementos de seguridad estatal y municipal acordonaron el área para preservar las evidencias. Posteriormente, solicitaron la intervención del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia correspondiente.
Investigación en curso bajo el protocolo de feminicidio
La Fiscalía regional de Ixtlahuaca inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Esto implica que las diligencias se desarrollan considerando que la muerte pudo haber sido motivada por razones de género.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado si existen indicios claros del móvil ni si hay personas detenidas o identificadas como sospechosas. La Fiscalía se encuentra recolectando testimonios, revisando cámaras cercanas y realizando entrevistas a familiares, amigos y vecinos.
Contexto: violencia feminicida en el Estado de México
El Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2025, el estado reportó un promedio de 13 feminicidios al mes.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han señalado que la impunidad, la falta de perspectiva de género en investigaciones y la tardanza en activar protocolos adecuados contribuyen a la continuidad de estos crímenes.
